La Eurocámara inicia el trámite para levantar la inmunidad de 'Alvise' como pide el Supremo

El Parlamento Europeo ha iniciado este miércoles el trámite para examinar la suspensión de la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para ser investigado en España como ha solicitado el Tribunal Supremo (TS), que tiene varias causas abiertas contra el agitador.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo (Francia), durante la que ha informado a los eurodiputados de la recepción del suplicatorio e indicado que remite la petición a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) para su examen.

En su intervención, Metsola no ha aclarado por cuál de las cuatro causas abiertas contra el agitador se ha puesto en marcha el proceso, que suele llevar una media de seis meses en la mayoría de los casos y que comenzará por el examen de la petición por parte de la comisión competente.

La comisión JURI puede pedir cualquier información o explicación que estime necesaria y el diputado objeto del suplicatorio tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita según proceda.

Una vez concluido su análisis, la comisión parlamentaria debe adoptar una recomendación a puerta cerrada sobre la respuesta al Supremo que, en la siguiente sesión plenaria, será presentada ante todo el Parlamento para que apruebe o rechace el levantamiento de la inmunidad.

El Supremo tiene cuatro causas abiertas contra 'Alvise', entre ellas una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por la que remitió un suplicatorio a la Eurocámara la pasada semana. En esta causa, el Tribunal investiga los 100.000 euros que recibió 'Alvise' del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024.

Además, cuenta otra por la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; otra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.