El 'número dos' del caso Gürtel, Pablo Crespo, ha apuntado en su declaración como acusado durante la segunda sesión del último juicio a la trama que se ha celebrado este martes en la Audiencia Nacional que ahora es un "apestado social", tras haber detallado sus funciones como colaborador del cabecilla, Francisco Correa.
Preguntado por la Fiscalía sobre el posible conocimiento que tenían otros acusados del entramado empresarial que los dos principales acusados habían urdido, Crespo ha explicado que "no facilitaban información sobre la procedencia lícita o ilícita" del patrimonio de Correa.
"Ahora soy un apestado social, porque al fin y al cabo es la consecuencia de mis actos, pero antes no lo era", ha declarado. Y ha añadido que no iban "confesando a nadie" que Correa había obtenido "una gran parte de su patrimonio de actividades ilícitas". Dichas actividades, según ha declarado él mismo, constituían el cobro de "comisiones por adjudicación de obras públicas" y "el fraude a la Hacienda Pública".
Por contra, lo que Crespo ha definido como "carta de presentación" del principal acusado de la trama eran su empresa de eventos y su actividad inmobiliaria en Miami. De este modo, ha relatado, accedían a otras personas que ahora se sientan en el banquillo como presuntos testaferros de la trama de ocultación del patrimonio de Correa.
UNA "ACCIÓN A LA DESESPERADA"
Sobre el intento de que Correa obtuviera la residencia en Panamá para dejar de tributar en España, Crespo ha declarado que fue una "acción a la desesperada, intentando salvar un posible problema [con Hacienda] que se le venía encima" al principal acusado. "Era claramente una falsificación", ha apostillado.
Crespo también ha señalado que intentaron conseguir una residencia "no antedatada, sino normal" para Correa en Panamá. Sin embargo, ha explicado que pedían un depósito "de unos 250.000 o 300.000 dólares" para optar a dicha residencia y que Correa "puso el grito en el cielo porque le parecía mucho dinero".
La Fiscalía Anticorrupción pedía 77 años para estos dos acusados, que ya han confesado su papel en la trama en los juicios anteriores y que han hecho lo mismo en esta última vista oral, por lo que se espera que obtengan una rebaja por parte del Ministerio Público.
Crespo ha vuelto a reconocer su responsabilidad como "el máximo responsable, junto a Correa, de cuantos delitos se han relatado", algo que considera una "obligación y un alivio". El 'número dos' de la trama ha renunciado a su derecho a hacer uso a la última palabra y ha regresado a su asiento después de una declaración que ha durado casi cuatro horas.
El juez instructor de la causa, José De la Mata, señaló en una resolución que Correa "habría ocultado cantidades multimillonarias", más de 30 millones de euros, "a través de una compleja estructura societaria y financiera".
Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, ya que Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999. De la Mata calculó que el fraude a Hacienda ascendía hasta los 24,8 millones de euros en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio entre los años 2000 a 2007.
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