
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha recurrido en apelación con la intención de que el Supremo corrija al instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, y dé luz verde a una batería de diligencias, en un escrito donde achaca al magistrado un "sesgo ineludible" al tiempo que cuestiona la formación de los agentes que elaboran los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cerdán se dirige a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) después de que Puente se ratificara en su negativa a acordar diligencias como incorporar a la causa documentación de las investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional sobre el 'caso Koldo' y el 'caso Hidrocarburos'; dar aviso al Congreso de los Diputados de que el TS estaría investigando aforados sin su necesario permiso; u otras encaminadas a desacreditar los audios del exasesor ministerial Koldo García.
Los abogados de Cerdán insisten en que se habría investigado a aforados, entre ellos el ex 'número tres' del PSOE, sin el correspondiente suplicatorio, calificando de "clamoroso" que "se encuentra próximo a entregarse nuevo oficio de la Guardia Civil relativo al resto de aforados, tratándose de una actuación objetivamente ilícita que incluso podría incidir en algún tipo penal".
Y ello, subrayan, "sin obviar que dicha investigación, hipotéticamente, podría afectar dado el sesgo ineludible que, al menos por esta defensa, se percibe en las actuaciones".
Para la defensa, el origen de las pesquisas en el Supremo es la confesión que hizo el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, en la Audiencia Nacional, de ahí que insista en pedir que se incorporen a la causa en el TS las actuaciones llevadas a cabo en ese otro tribunal en el 'caso Koldo' y en el 'caso Hidrocarburos'
"El derecho de acceso que aquí se pretende es a la causa matriz en la que se practica esa primera denuncia del señor Aldama y tiene por objeto verificar si se realizó o no alguna comprobación allí, incluso investigación, así como el contenido de la resolución que lo habilita", exponen los letrados de Cerdán.
Al hilo, recalcan que "es evidente que, de no encontrarse una justificación en aquel procedimiento, las consecuencias de estos vicios procesales serían muy relevantes, si no decisivos: la nulidad de actuaciones".
La defensa, ejercida por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, hace hincapié en que "la dilación o celeridad en un procedimiento judicial no es 'per se' garantía de nada, poniendo como ejemplo la celeridad sin garantías de los juicios sumarísimos de la dictadura, que efectivamente eran rápidos y no acumulaban apenas diligencias, pero el precio de la celeridad y ligereza documental era el de los derechos fundamentales, muchas veces la vida de los enjuiciados".
A todo esto suma que, según sostiene, "los guardia civiles que firman los oficios y atestados no consta que tengan la condición de peritos o siquiera que dispongan de formación especializada en economía, contable o similar", señalando que, por eso, "sus opiniones a valoración no deben sustituir la función judicial que por su naturaleza es indelegable".
Asimismo, entiende que "nada habría que objetar a que se acuerde pericial sobre el particular o que los guardias (...) acrediten la formación que diese un sentido específico a sus hipótesis y valoraciones".
CHAT "K-FONTANERÍA"
Por último, vuelve a poner sobre la mesa la hipótesis de que Koldo sería un agente encubierto, así como el "espionaje mediante troyanos como Pegasus", para desacreditar las conversaciones que el ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes grabó entre 2019 y 2023 y que constituyen uno de los principales indicios contra Cerdán, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio
Así las cosas, insiste en reclamar que Rubén Villalba, el guardia civil investigado por el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que habría facilitado móviles a la trama para garantizar que sus comunicaciones fueran seguras, y su jefe declaren como testigos en el Supremo.
También pide no solo acceder a la información sino que se investigue el "chat K-fontanería". "El título no deja lugar a dudas sobre el contenido y función del grupo de personas agrupados bajo el mismo. Fontanería equivaldría a maquinaciones y 'K', obviamente a Koldo, es decir, un grupo de guardias maquina o maniobra en torno a las investigaciones sobre Koldo al margen del procedimiento", asegura.
Últimas Noticias
El PP advierte de que "España pierde" con el acuerdo de Gibraltar y acusa al Gobierno de obviar a las Cortes
Acusan a la administración central de relegar a la Cámara y de favorecer al enclave y a Reino Unido, exigiendo que cualquier pacto que afecte a la soberanía sea debatido en las Cortes, según fuentes del principal partido de la oposición

Podemos urge al Gobierno a aprobar un nuevo decreto que incluya la moratoria antidesahucios
Más de 60.000 hogares podrían quedarse sin protección desde mañana, según Pablo Fernández, quien reclama respuesta inmediata del Ejecutivo tras el rechazo parlamentario a las actuales salvaguardas sociales frente a desalojos, cortes de servicios básicos y controles de precios

La Abogacía Española reclama una nueva ley para que los abogados de oficio "reciban un trato digno"
El máximo representante del Consejo General pide una actualización que solucione desigualdades, aumente recursos y reconozca a los profesionales, mientras asociaciones exigen un marco claro de derechos, mayor presupuesto y consenso para garantizar servicios eficientes

La Policía tramitó 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años mediante su protocolo interno de denuncias
El Ministerio del Interior anunció una “revisión extraordinaria” tras conocerse la denuncia contra un alto mando policial, con el objetivo de identificar fallos en los mecanismos internos para abordar presuntas agresiones dentro de las fuerzas de seguridad

Sumar y socios del Gobierno piden en el Congreso una investigación sobre abusos y suicidios en la mili en los 80 y 90
Legisladores impulsan una petición para esclarecer supuestas violaciones de derechos, maltrato psicológico y físico, además de muertes autoinfligidas relacionadas con el servicio militar obligatorio, exigiendo responsabilizar a las instituciones y reparar a quienes resultaron afectados y sus allegados



