París, 22 jun (EFECOM).- Sindicatos y patronal están llamados este lunes a reunirse en lo que se presenta como la última oportunidad para encontrar un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, tras los contestados cambios impuestos por el Gobierno de Emmanuel Macron en 2023.
Con o sin acuerdo, la cita del lunes debe poner fin a tres meses y medio de negociación, en los que las principales divisiones son la bajada de la edad de jubilación con pensión completa para quienes no hayan cotizado el tiempo exigido, de los 67 años actuales hasta 66, y la valoración de las condiciones consideradas "penosas" de ciertas profesiones.
El sindicalismo, que ya se había dividido en el curso de las negociaciones, en especial con el abandono de la mesa del segundo mayor sindicato de Francia, la CGT, seguirá liderado por el primer sindicato francés, la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT).
La fractura sindical vino sobre todo por la negativa de la CGT a aceptar que la edad mínima de jubilación suba de 62 a 64 años, algo que la CFDT ha aceptado.
En el lado patronal, la principal organización, Medef (Movimiento de Empresas de Francia), deberá decidir mañana por la mañana su asistencia a este último cónclave, aunque filtraciones publicadas por el semanario La Tribune Dimanche apuntan a que la respuesta será positiva.
"No vamos a aplicar la política de la silla vacía. Somos una organización responsable. No asistir el lunes sería asumir el fracaso del cónclave", ha explicado una fuente de Medef a ese medio.
Se trata de discusiones, en cualquier caso, muy complejas y que pueden, además, impactar directamente en la precaria estabilidad del Gobierno que lidera el primer ministro François Bayrou.
Pese a la reticencia de Macron, fue él quien abrió la puerta a hacer cambios en la reforma de pensiones de 2023, que fue aprobada sin voto parlamentario en medio de fuertes protestas y que era rechazada por la mayoría de los franceses, los sindicatos y los partidos de izquierda.
Los cambios principales de esa reforma eran el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, el alargamiento del periodo de cotización necesario para recibir una pensión completa, de 42 a 43 años, y la desaparición de muchos de los regímenes especiales.
El Ejecutivo de entonces, con Élisabeth Borne en el puesto de primera ministra, justificaba esos endurecimientos, pese al enorme descontento social, en la necesidad de equilibrar de cara al futuro el conjunto del sistema.
Tras las legislativas anticipadas convocadas en junio de 2024, que dejaron una Asamblea Nacional muy dividida, la reforma de pensiones volvió a ponerse sobre la mesa como línea roja para los partidos de la izquierda, que fueron la fuerza más votada pero sin mayoría absoluta para gobernar.
El complicado equilibrio parlamentario, sin mayorías claras, le costó el puesto al sucesor de Bayrou en el Palacio de Matignon, el conservador Michel Barnier.
Pero tras ser nombrado para el cargo en diciembre de 2024, Bayrou, que procede del centro macronista, abrió la puerta a hacer cambios en la reforma para fortalecer su posición y lanzó el proceso de concertación entre los actores sociales, que de momento no han sabido ponerse de acuerdo.
El otro gran obstáculo para una flexibilización de las condiciones de jubilación introducidas en 2023 es el disparado déficit francés (casi un 6 % del PIB en 2024).
La necesidad de sanear las cuentas públicas en los tres próximos años para aproximarse al 3 % que exige Bruselas impondrán -como ya ocurrió en los presupuestos de este año- medidas de austeridad que chocan directamente con mayores gastos públicos en pensiones. EFECOM
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