El ex 'número dos' de Interior pide su excarcelación alegando que no tiene "capacidad" para destruir pruebas

La defensa del que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que le investiga como parte de la presunta trama que robó y vendió datos de organismos públicos y privados que le ponga en libertad, asegurando que no tiene "capacidad para acceder a las fuentes de prueba de este caso y poder destruirlas".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su letrado insta a la magistrada María Tardón a que revoque la prisión provisional que acordó el pasado jueves para Martínez al considerar que "desempeñaría un rol central en la consolidación y sostenibilidad" de la trama que fue desarticulada tras la 'Operación Borraska'.

La representación de Martínez recuerda que la Fiscalía pidió que fuese enviado a prisión por el riesgo de que éste "borrara o alterara la información que guarda sobre sus clientes en su nube, no la información sustraída" presuntamente por el hacker José Luis Huertas 'Alcasec' y depositada en un servidor suizo. "Lo cual tiene muchísimo más sentido que el riesgo que pretende conjurar la instructora", critica.

Desde su punto de vista, "no existe ni un solo elemento en el auto recurrido del que se infiera la capacidad" del que fuera 'número dos' de Interior con el Partido Popular "para acceder a las fuentes de prueba de este caso y poder destruirlas".

En su recurso, su abogado se refiere a la alusión que hace la magistrada al supuesto asesoramiento que Martínez habría prestado a la madre de 'Alcasec', participando "en actuaciones de obstrucción procesal" y asesorándola "en tal sentido" para guiarla en la "destrucción de pruebas relevantes".

EL BOTÓN DE AUTODESTRUCCIÓN

"Sin saber en qué consistió exactamente ese asesoramiento telefónico a una madre orientado a destruir pruebas relevantes, entendemos que de su hijo, es muy difícil valorar la capacidad o más bien la telecapacidad de Martínez para hacer desaparecer las evidencias digitales del presente caso", anuda su representación.

En esta línea, su letrado sostiene que "no hay más indicio para afirmar que Martínez, bien directamente, bien a través de la madre o de los amigos, tiene la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo".

La jueza, en concreto, le señala como el supuesto "coordinador jurídico-operativo y arquitecto de blindaje estructural de la organización criminal", destacando el "perfil profesional" de Martínez, "que combina conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política, debido a los cargos de dicha naturaleza desempeñados por él en el pasado".

Su letrado, sin embargo, se pregunta "cuál es la contribución concreta y específica de Martínez a esa compleja y sofisticada red tecnológica de sustracción y comercialización de datos". "¿No será que la imputación de Martínez es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal?", lamenta.

POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS

Por otro lado, su defensa considera que Martínez ha sufrido "indefensión por la ausencia de la comunicación de elementos esenciales de la imputación" en una causa que permanece todavía bajo secreto.

"El secreto de las actuaciones no puede abarcar a los hechos que se imputan al investigado y a las razones motivadoras de la privación de libertad, ni impedir el acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para cuestionar e impugnar la legalidad de la privación de libertad", afirma su abogado.

Y es que, apostilla, "si los elementos esenciales sobre la intervención de Martínez en el entramado jurídico o sobre el riesgo de destrucción de fuentes de prueba se han omitido, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la defensa y a la libertad".

"Ya que ni él ni esta su representación procesal y asistencia letrada pudieron evitar la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva mediante alegaciones realizadas con un conocimiento directo de los elementos de las actuaciones en los que dicha medida cautelar se sustentaba", zanja.

UNA RED TRANSNACIONAL CON GRAN CAPACIDAD

Fuentes jurídicas que han tenido acceso al auto por el que se motivó su ingreso en prisión indican que, en el mismo, la jueza explica que la trama habría "evolucionado desde un esquema tradicional de ciberdelincuencia hacia una red de inteligencia criminal privada y transnacional, con capacidad de intervención en sectores estratégicos y con objetivos que trascienden el mero beneficio económico, alcanzando una dimensión de control y explotación masiva de información sensible".

La instructora pone el foco en la "continuada relación" que el exsecretario de Estado mantenía con 'Alcasec' desde al menos 2021, cuando este último fue detenido siendo menor de edad. Según la jueza, Martínez "le habría asesorado legal y fiscalmente en relación con la sociedad Horus Corp, en la cual Adrián Molina --otro de los investigados y vinculado al 'hacker'-- aparece como su administrador único".

"Estos vínculos refuerzan la inferencia de que Martínez conocería en profundidad el rol operativo y técnico de ambos dentro del entramado criminal", insiste la magistrada.

Martínez, en concreto, se habría hecho cargo de la "configuración legal y operativa, cumpliendo un rol central en el diseño de estructuras societarias que actuarían como fachadas legales de la actividad criminal".

"Estas sociedades, administradas formalmente por terceros como Molina, se estarían utilizando para canalizar ingresos ilícitos, emitir facturación simulada y aparentar una actividad económica lícita", apunta la jueza.

Esta arquitectura, continúa el auto, "permitiría desvincular formalmente" a 'Alcasec' de los beneficios generados por el entramado delictivo, reduciendo su exposición directa.

"Actividades que exceden ampliamente las funciones de la defensa técnica legal y evidencian su participación activa y consciente en las actividades propias del entramado criminal", apostilla.

A Martínez también "puede atribuirse la conducción de iniciativas orientadas a insertar a Huertas en entornos académicos y profesionales legítimos, a través de acuerdos con instituciones educativas, participación en programas de formación y actividades relacionadas con la ciberseguridad".