Madrid, 1 abr (EFE).- El Gobierno ha propuesto a la fiscal María Teresa Verdugo como presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un nombramiento que tendrá que recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados.
La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, figura creada por la conocida como ley Zerolo, debería haberse nombrado hace más de dos años, en enero de 2023.
María Teresa Verdugo es fiscal delegada de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Málaga desde 2011 y fiscal coordinadora de la Sección de Delitos Económicos, y ha sido representante de España en el Grupo de Trabajo de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes proponerla como Autoridad Dependiente, ha informado el Ministerio de Igualdad, y comunicará la propuesta tanto al Congreso como al Senado.
La Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como ley Zerolo y aprobada en julio de 2022, daba un plazo de seis meses desde su aprobación para la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
Esta figura debe ser elegida "entre personalidades de reconocido prestigio en la defensa y promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación", y antes de hacerse efectivo su nombramiento tendrá que comparecer ante el Congreso y el Senado, necesitando el visto bueno de la Cámara Baja por una mayoría absoluta.
De conseguirlo, el Gobierno la nombrará mediante un real decreto para un mandato de cinco años.
La Autoridad "velará por las víctimas de discriminación" ofreciéndoles asistencia y orientación e incluso podrá emprender acciones judiciales en el marco de la protección frente a actuaciones discriminatorias y la promoción del derecho antidiscriminatorio.
Igualdad ha precisado en su comunicado que esta figura se constituye como órgano de mediación y podrá investigar, de oficio o a instancia de terceros, posibles situaciones de discriminación que revistan una especial gravedad o relevancia, salvo aquellas que puedan implicar infracción penal.
Podrá emprender acciones judiciales, instar a la Administración del Estado a poner en marcha procedimientos sancionadores y poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal.
También tendrá potestad para promover propuestas de modificación normativa, elaborar informes y estadísticas de carácter periódico y diseñar un barómetro sobre igualdad de trato y no discriminación. EFE
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