El Tribunal de Cuentas ha propuesto al Ministerio del Interior recortar las subvenciones electorales de 2023 a seis formaciones políticas por distintas cuantías, y entre ellas destaca Junts, al que se propone una reducción de casi 180.000 euros.
En total, el fiscalizador aboga por un recorte de 208.299,26 euros en las subvenciones por los gastos de campaña que han declarado los partidos políticos por las elecciones generales de julio de 2023, una propuesta que hace al observar irregularidades o deficiencias en su justificación.
Esa reducción afecta a seis de los partidos que concurrieron a los comicios: el PSOE (7.139,98 euros) y el PSC (54,85 euros), Sumar (7.418,86), UPN (11.261,46), Vox (3.915,70) y Junts, que encabeza la lista con 178.508,41 euros.
TARDÓ MÁS DE TRES MESES EN PAGAR A SUS PROVEEDORES
En el caso del partido independentista de Carles Puigdemont, se le penaliza por superar el plazo de 90 días que tenía para pagar a sus proveedores un total de 1.785.084,06 euros, lo que supone un incumplimiento de la ley Orgánica del Régimen Electoral general (LOREG). Junts copa los 1,99 millones pagados fuera de plazo por los partidos a sus proveedores. El recorte de subvención es el 10% de lo que pagó con retraso.
La propuesta del Tribunal se incluye en su informe de fiscalización de las elecciones generales de 2023, que acaba de remitirse a las Cortes y cuyo contenido recoge Europa Press.
En total, las formaciones políticas han declarado ingresos para financiar la campaña electoral por una cuantía de 57 millones de euros, de los que un 63% procedía del endeudamiento bancario, un 24% de adelantos de subvenciones electorales y un 12% de las aportaciones de las propias formaciones políticas. Solo un 1% de los recursos fue recibido de aportaciones privadas.
UNA CAMPAÑA DE 58 MILLONES DE EUROS
El Tribunal de Cuentas considera justificados gastos electorales por un valor de 58 millones de euros, de los cuales 33 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 25 millones de euros a operaciones de envío de propaganda electoral (mailing). Entre los gastos electorales por operaciones ordinarias figuran los 6,4 millones de euros destinados a publicidad exterior o los 5,6 millones de euros destinados a publicidad en prensa y radio.
Por el contrario, no se han aceptado gastos declarados por los partidos políticos por un importe de casi medio millón de euros (492.851 euros). Se trata de gastos que no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral al no ajustarse a los conceptos de gasto previstos en la LOREG, y por tanto no son susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.
Sobre las subvenciones al envío gratuito de propaganda electoral ('mailing'), el informe concluye que 11 de los 16 partidos que lograron representación parlamentaria han reunido los requisitos para percibir la correspondiente subvención. En total durante la campaña los partidos realizaron 137 millones de envíos electorales.
NADIE SUPERÓ EL TOPE DE GASTO
Las 'buenas noticias' son que ningún partido político se excedió el límite máximo de gastos electorales previstos, ni tampoco los límites de gastos de publicidad exterior ni de publicidad en prensa y radio. Además, todas las formaciones remitieron en plazo la contabilidad electoral y lo han hecho a través de la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas.
Como resultado de su examen, el Tribunal formula una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno de España, con el fin de que ejercite las correspondientes iniciativas legislativas, a la Junta Electoral Central, al prestador del servicio postal y a los propios partidos políticos.
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