La reforma del copago reducirá un 10 % la aportación de los ciudadanos a sus fármacos

Madrid, 18 dic (EFE).- La reforma de los copagos farmacéuticos que propone el Ministerio de Sanidad supondrá una reducción del 10 % de la aportación que hace la población general a sus fármacos, un porcentaje que se eleva al 33 % en aquellas con rentas inferiores a los 18.000 euros.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la Comisión de Sanidad del Congreso, donde se ha referido al anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios que su departamento quiere elevar al Consejo de Ministros a principios de año y con el que pretenden "proteger a las rentas más bajas" aumentando la progresividad del copago.

El borrador propone crear nuevos tramos de rentas bajas: de hasta 9.000 euros y de 9.000 a 18.000 euros, que tendrán que contribuir con el 40 %; y de 18.000 a 35.000, en cuyo caso pagarán el 50 %.

Por primera vez, se introducen límites de aportación mensual, de 8,27, de 18,52 y 61,75 euros, respectivamente.

A partir de los 35.000 no habrá ese máximo: los que ingresen de 35.000 a 60.000 tendrán que abonar el 55 % de su medicación; los de 60.000 a 100.000, el 60 % y, a partir de esa cifra, el 65 %.

Esos topes máximos para la población activa con rentas bajas y medias "beneficiará a más del 60 % de los ciudadanos", ha recalcado la ministra. Asimismo, las estimaciones que maneja el Ministerio es que se reducirá en un 10 % la aportación global de la población y, específicamente, en un 33 % para las rentas inferiores a los 18.000 euros.

Medidas que, en suma, "redistribuyen el sistema de copago" para evitar que el acceso a los medicamentos dependa de la situación económica de los pacientes vulnerables y pluripatológicos, "cumpliendo así con los principios de justicia social y equidad en salud".

La nueva ley del medicamento también quiere dotar de mayor seguridad jurídica la prescripción enfermera, un colectivo que el Ministerio quiere reforzar para que estas profesionales "puedan desplegar todo su potencial y formación".

De momento, el mes que viene el Ministerio presentará los resultados del informe 'Situación actual y estimación de necesidades de enfermeras', un exhaustivo estudio sobre el estado de la profesión que este año acompañarán de una encuesta a más de 55.000 profesionales.

En este sentido, García ha avanzado "un dato especialmente preocupante", y es que casi el 40 % se han planteado dejar la profesión en los próximos diez años.

Sobre el personal sanitario, Mónica García ha puesto en valor el incremento de plazas de Formación Sanitaria Especializada, de un 3 % en esta convocatoria y de hasta un 38 % desde 2018, lo que ha permitido 1.870 nuevos especialistas cada año, un 31 % más de los que terminaron su residencia hace seis años.

En Medicina de Familia, en 2024 terminaron 1.236 residentes, un 56 % más que entonces.

Pese a que según el “Informe de oferta-necesidad de médicos especialistas en España: 2023-2035”, el déficit de Médicos de Familia y Comunitaria será "menor del previsto en los próximos años", García ha admitido que "no hay que engañarse: tenemos fugas".

Y ello porque hay comunidades como Andalucía, donde el 80 % de los profesionales "a los que ha costado 12 años formar" se les ofrece contratos de menos de 6 meses, o Madrid, donde ese porcentaje es del 60 %. "Ahí esta la fuga", ha dicho.

Además, hay grandes diferencias en las plazas acreditadas por cada 100.000 habitantes entre comunidades, con cifras que van desde las 9,3 en Extremadura hasta las 3,48 de Madrid. "Si las comunidades que tienen menos se pusieran en la media, ya llegaríamos a las 1.000 nuevas plazas que se nos exigen", ha subrayado la ministra antes de lamentar que, a pesar de haber flexibilizado los criterios de acreditación, solo se han ganado 25 puestos más.

Otra actualización que Sanidad quiere emprender "próximamente" es la del Real Decreto de listas de espera de 2003, con el objetivo de garantizar una mayor trazabilidad, transparencia y que la información recopilada sea más útil y detallad, lo cual permitirá ofrecer un mejor seguimiento de los tiempos y diseñar intervenciones más efectivas basadas en datos fiables y actualizados.

El Ministerio está trabajando en la creación de un fondo de cofinanciación, similar al modelo aplicado en el transporte público, que estará condicionado a la implementación de medidas concretas por parte de las comunidades para reducir las listas.

La ministra también espera que la Ley de Universalidad que devolverá el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular "vea la luz pronto", así como el texto definitivo del real decreto que regulará el uso de derivados del cannabis con fines terapéuticos, que ya se encuentra en su última fase de revisión para que pronto pueda ser enviado al Consejo de Estado.

En la primera mitad de 2025 confía en poder someter a audiencia pública la reforma de la ley antitabaco que ampliará los espacios sin humo, "una medida respaldada por la Comisión Europea y por la mayoría de la población, que demanda entornos más saludables y libres de tabaco".

Para lograrlo, ha apelado a la responsabilidad de los diputados que tendrán que negociarlo: "Es una obligación colectiva proteger el derecho a respirar aire limpio y garantizar una vida más saludable a las generaciones presentes y futuras", ha concluido.EFE