La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) archivar la querella que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye interpusieron por prevaricación contra el juez Joaquín Aguirre, que instruye la causa Volhov.
En el escrito, consultado por Europa Press, consideran que el titular del Juzgado de Instrucción 1, que investiga la trama rusa del 'procés', no ha cometido malversación de caudales públicos ni prevaricación por haber abierto una pieza separada para investigar la trama rusa.
"La presunta infracción delictiva estaría, pues, relacionada con el ejercicio de la función jurisdiccional, y por lo tanto, sujeta a fuero especial", dice el escrito.
QUERELLA
Los querellantes argumentan que la interlocutoria para separar la trama rusa "obedece a un plan orquestado", a través de un mecanismo ilegal de clonado, en sus palabras.
En cambio, la Fiscalía interpreta que la incoación de la nueva pieza separada es procesalmente posible, ya que deriva de la revisión del material existente de "cristalización progresiva" acumulado en varias piezas de la causa, que permite una ampliación de los hechos a investigar.
MALVERSACIÓN
Los denunciantes imputan a Aguirre también la comisión de un delito de malversación de caudales públicos, que fundamentan en el hecho de haber designado a unos funcionarios policiales de la Comisaría General de Información para que investigaran la trama rusa.
"Los querellantes argumentan, para fundamentar la imputación de este delito, que estas investigaciones no las podía disponer porque la sección 21 de la Audiencia Provincial había ordenado cerrar la investigación, y que la utilización de medios públicos para llevar a cabo una investigación que le estaba prohibida comporta una utilización injustificada e ilegal de los medios públicos", dice el escrito.
El Ministerio Público sostiene que si la apertura de la pieza separada de la trama rusa "no es una resolución injusta, sino que responde a una opción jurídicamente aceptable y posible", no se puede hablar de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos derivada de los gastos originados para la designación de funcionarios de la Comisaría General de Información para que investigaran.
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