El PP pide al Supremo que reabra la causa de Miguel Ángel Blanco contra dos etarras

Madrid, 19 nov (EFE).- El PP ha solicitado al Tribunal Supremo que reabra la causa contra dos miembros de la cúpula de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, tras la decisión de la Audiencia Nacional de considerar prescrita la investigación contra ellos.

Tanto los populares como Dignidad y Justicia han presentado sendos recursos de casación contra la decisión de la Audiencia Nacional que archivó el procedimiento contra los etarras, Mikel Albisu, Mikel Antza, e Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería. La Audiencia también cerró la causa contra la exjefa de la banda terrorista Soledad Iparraguirre, Anboto, pero aun no han presentado el recurso, aunque las acusaciones ya anunciaron que sí lo harían.

La Audiencia manifestó que los hechos están prescritos porque se procedió contra ellos en 2022, casi 25 años después de que ocurriera el atentado, cuando el plazo de prescripción es de dos décadas.

Todavía queda un exjefe de ETA procesado, José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, ya que el juez acordó sentarlo en el banquillo en 2016, años antes de que comenzase el procedimiento judicial de los otros tres exdirigentes por una querella de Dignidad y Justicia.

Precisamente el PP defiende que la reapertura de la causa y procesamiento contra Kantauri aquel año "evidencian que el procedimiento, al menos desde 2016, ya se dirigía exclusivamente a depurar la responsabilidad de los miembros del Comité Ejecutivo de ETA", lo que impidió la prescripción en 2017, señala su escrito, al que ha tenido acceso EFE, y avanzado por El Periódico de España.

Al respecto, cita una sentencia del Supremo, avalada por el Constitucional en 2001, sobre el caso de Segundo Marey para defender que "en estos supuestos de criminalidad organizada, se interrumpe el cómputo de la prescripción cuando el procedimiento se dirige contra el grupo u organización criminal, y ello aunque no se designe nominalmente a los concretos responsables ni se den datos a través de los cuales pudieran llegar a ser identificados".

Y añade que "la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo operada por la Ley 5/2010 resulta de aplicación inmediata al secuestro y asesinato terrorista de Miguel Ángel Blanco Garrido, que aún era perseguible en el momento en el que entró en vigor la citada Ley, el 23 de diciembre de 2010".

Para el PP, "no puede soslayarse la especial naturaleza y gravedad de los hechos que constituyen el objeto de este procedimiento, nada menos que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco".

Y al respecto, recuerda que el Parlamento Europeo recomendó a España, en relación con 379 asesinatos aún no resueltos cometidos por la banda terrorista ETA, que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal "a fin de perseguir tan graves delitos". EFE