Sumar remarca que los PGE se deben pactar antes en el Gobierno y reivindica su presión al PSOE en vivienda y fiscalidad

Sumar ha reivindicado su capacidad para empujar en el seno del Gobierno medidas progresistas y, en esta línea, avisa al PSOE de que de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no se van a conformar con una reforma fiscal "parcial", además de exigirle medidas "contundentes" en vivienda.

También ha subrayado que de cara a las cuentas públicas lo importante es primero que haya acuerdo entre los dos socios del Gobierno y que, en caso de pacto, ya llegará el momento de negociar sobre las condiciones de los grupos parlamentarios, una vez que Podemos ha expresado ya sus exigencias para votar a favor de los Presupuestos.

Así lo han desgranado la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, y el portavoz económico en el grupo parlamentario, Carlos Martín, en rueda de prensa este lunes en el 'Espacio Rastro'.

Duval ha celebrado la presión de las movilizaciones sociales, que ya constituye a su juicio un "movimiento imparable", en vivienda para que el Gobierno reaccione, y que hasta la fecha el PSOE no ha puesto "ninguna solución seria" ante el problema, mientras que Sumar demanda subir el IVA de los pisos turísticos al 21% y condicionar los fondos estatales de las comunidades a aplicar el control del precio del alquiler.

AVISO A LA MINISTRA DE VIVIENDA: NO HA HECHO NADA

Y de cara a la comparecencia de este miércoles de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que esperan medidas valientes, dado que lo que no está dispuesto a hacer el Ministerio de Vivienda lo hace el de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy, tras abrir una investigación a inmobiliarias por presunto cobro de comisiones indebidas a inquilinos.

"Se mueve entre la bochornosa petición de solidaridad y unos bonos jóvenes que no atajan el problema porque solamente funcionarían si el mercado, como nosotras pedimos, estuviera regulado. De esa comparecencia exigiremos medidas concretas y contundentes. Si no lo hace, será indefendible", ha lanzado Duval para insistir en que atajar el problema de la vivienda depende en gran medida el futuro de la legislatura.

Luego, cuestionado sobre la consulta lanzada por Podemos a su militancia de cara a avalar condicionar su apoyo a los PGE a romper relaciones con Israel y bajar por ley el alquiler un 40%, la dirigente de Sumar ha expresado su respeto a los proceso internos de cada partido.

Eso sí, ha puesto en valor que Sumar está llevando, tanto en el Gobierno como en el Congreso las demandas de los colectivos sociales y que, con la cuestión palestina, su postura es conocida (favorable a romper relaciones con Israel) y fue su determinación la que llevó a reconocer el Estado palestino.

Fuentes de la formación enmarcan estas exigencias públicas de los morados en tratar de ganar relevancia en el debate público, una estrategia que comprenden aunque especifican también que Podemos, que busca emular a Junts, tiene menos diputados en el congreso que nos neoconvergentes.

Y tampoco conciben que una formación de izquierdas llegado el momento puedan hacer caer los Presupuestos Generales y que eso sería perjudicial para sus intereses.

NO VAN A PERMITIR "REGALOS FISCALES" A LA BANCA Y LAS ENERGÉTICAS

Por su parte, Carlos Martín ha admitido al igual que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ahora mismo hay "mucha distancia" con el PSOE en la negociación con la reforma fiscal, que aspiran a que sea integral dado que ahora mismo España recauda 80.000 millones menos que la media europea.

El portavoz económico de Sumar ha defendido que se necesitan más recursos para financiar servicios públicos y propiciar nuevos derechos y que hacer permanente los impuestos a la banca y energéticas es clave.

Por ello, ha advertido al PSOE de que no van a permitir que se introduzca "ningún regalo fiscal" a la banca y al "oligopolio" eléctrico en forma de bonificaciones a dichos tributos.

En vivienda, Martín ha explicado que en su propuesta presupuestaria Sumar propone crear un fondo público de 40.000 millones a las comunidades, cuya asignación estaría condicionada a lograr una serie de hitos como pasa a nivel europeo.

En este sentido, ha citado que su pretensión es que se movilice la vivienda vacía y se genere un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible con nuevas viviendas pero construidas únicamente por la administración, orillando así de esas promociones a las inmobiliarias privadas.