Bruselas, 26 ago (EFECOM).- La Comisión Europea se desmarcó este lunes de la detención en Francia del fundador de Telegram, Pável Dúrov, y en declaraciones a EFE aseguró que "nada que ver con la ley de servicios digitales", la normativa que la Unión Europea ha aprobado para controlar especialmente a las grandes plataformas.
Telegram ha comunicado a la Comisión Europea que tiene 41 millones de usuarios mensuales, por lo que no tiene que cumplir las obligaciones más estrictas que la normativa sí fija para las grandes plataformas de internet, aquellas que tienen 45 millones de usuarios al mes en la UE.
Aún así debe cumplir algunos requisitos, con independencia del proceso legal en Francia.
A continuación, se explica en qué consiste la ley de servicios digitales.
La UE aprobó en la pasada legislatura las leyes de servicios y mercados digitales (DSA y DMA) para regular el contenido en internet y tratar de luchar contra las prácticas monopolísticas de las grandes plataformas de internet, en un entorno digital que cambia rápidamente.
La DSA entró en vigor en febrero de 2024 y se aplica a todos los intermediarios de internet, los proveedores de acceso a la red y las plataformas digitales. Además, las grandes compañías deben cumplir requisitos adicionales.
Como norma general, las empresas deben explicar de forma comprensible para los usuarios cuáles son sus términos y condiciones.
Además, deben contar con un sistema para que las autoridades o los usuarios les puedan advertir fácilmente de la existencia de contenido ilegal en la plataforma.
Una vez tienen conocimiento de ello, tienen que eliminar el contenido ilegal con rapidez y suspender, "durante un periodo razonable y después de haber realizado una advertencia previa", las cuentas que "proporcionen con frecuencia contenidos manifiestamente ilícitos".
También están obligadas a proteger a las personas víctimas de acoso e intimidación.
Asimismo deben ser transparentes sobre la publicidad en internet y prohibir aquellos anuncios personalizados basados en información sensible o que afecte a los menores.
Debido a su gran tamaño y el impacto que tienen en la sociedad, las grandes plataformas de internet deben cumplir obligaciones adicionales, tales como realizar un informe anual en el que evalúen sus posibles riesgos, prestando especial atención al contenido ilegal, a los peligros que puedan causar a los derechos fundamentales, la seguridad pública o los procesos electorales.
Un informe que tendrán que entregar a la Comisión Europea explicando además qué medidas están llevando a cabo para mitigar los riesgos.
Las grandes compañías de internet están sujetas a una mayor transparencia, de tal forma que las autoridades nacionales e investigadores independientes de la sociedad civil deben tener acceso al diseño de los algoritmos que determinan el contenido que los usuarios ven en la red.
En este sentido, deben dar la opción a los usuarios de ver contenidos que no sean personalizados en base a su perfil.
También deben tener un almacenamiento digital de los anuncios que muestran a los usuarios para que las autoridades puedan supervisar si hay publicidad ilícita o engañosa y tienen que proteger especialmente a los menores de edad.
La Comisión Europea ha designado a varias empresas como grandes plataformas, entre ellas, las principales compañías de internet, tales como, AliExpress, Amazon, Apple Store, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Bing, Facebook, Instagram, Youtube o la red social X.
Pero también a otras como Wikipedia, Zalando, Shein, Temu, Ebay o Pornhub.
La ley de servicios digitales prevé multas de hasta el 6 % de la facturación mundial anual de las compañías que no cumplan con la normativa y, en último término, Bruselas podría prohibir su presencia en la UE.
Desde su entrada en vigor, la DSA ya ha tenido repercusiones, como la decisión de TikTok de suspender el programa de puntos de la versión Lite que lanzó este año en España y Francia. EFECOM
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