El Gobierno tramita la ley que facilita las acciones colectivas de los consumidores

Madrid, 12 mar (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para reforzar los derechos de los consumidores en actuaciones colectivas contra empresas y establecer un procedimiento único para facilitar los litigios ante los tribunales.

Según ha explicado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros, la ley permitirá que los consumidores no tengan que litigar de manera individual y puedan hacerlo a través de acciones colectivas con entidades habilitadas para ello.

"Pretendemos evitar macroprocedimientos judiciales que afectan a multitud de personas y que en ocasiones se desperdigan por diferentes juzgados y tribunales", ha explicado Bolaños, y que conseguirán una tramitación más ágil y sencilla para los afectados.

La norma, coimpulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca agilizar el procedimiento judicial en el ejercicio de acciones colectivas por parte de las asociaciones de consumidores frente a conductas empresariales ilícitas.

El anteproyecto de la Ley Orgánica de Medidas en Material de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y de Acciones Colectivas para la Protección de los Derechos e Intereses de los Consumidores y Usuarios recoge medidas para eliminar las barreras que han impedido hasta la fecha que estas acciones puedan ser ejercidas de forma efectiva y masiva.

Una de las novedades es la regulación expresa de los acuerdos de resarcimiento, como alternativa para poner fin a la controversia, a los que pueden llegar las asociaciones con las empresas demandadas fuera del procedimiento para cerrarlo.

También contempla la habilitación de las asociaciones de consumidores para que puedan ejercer estas acciones colectivas y la creación de una Base de datos de entidades habilitadas para que la ciudadanía pueda acceder a esta información a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Entre las medidas que recoge el anteproyecto de ley para agilizar el procedimiento, se prioriza el juicio verbal y se regula un mecanismo procesal ágil y con garantías para el ejercicio por parte de las asociaciones de las acciones colectivas de cesación, como solicitar que una empresa cese una infracción, y de resarcimiento de daño generado a los consumidores.

Según detalla el ministerio de Pablo Bustinduy, con la ley se opta por un proceso en los afectados quedarán adheridos por defecto a la acción iniciada por la asociación, aunque no la conozcan en un primer momento, aunque pueden desvincularse si lo desean.

Se diferencia así del actual modelo en el que tenían que adherirse expresamente a la acción, lo que suponía una barrera para las asociaciones que tenían que localizarlas una a una.

Para cada acción, la asociación demandante tendrá que poner en marcha una Plataforma electrónica donde se transmitirá la información a las personas afectadas para que puedan expresar la voluntad de vincularse o desvincularse del proceso.

El Gobierno transpone una directiva europea, dando un paso más allá de lo exigido por la UE ya que su ámbito de aplicación no solo será el listado que establece la citada directiva, sino que abarcará todas las situaciones en las que se hayan vulnerado derechos e intereses de consumidores. EFE

arv-so/aam