José Luis Rodríguez Zapatero encara las elecciones del 29-N en una posición insólita para un expresidente socialista. Pedro Sánchez quiere contar con él en campaña, María Jesús Montero evita confirmar su presencia y su entorno asegura que sí participará en algunos actos. Todo ello mientras la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sigue incorporando diligencias y abriendo nuevos frentes y sus dos hijas están citadas como investigadas justo un día después de que los españoles acudan a las urnas.
La situación contrasta con el mensaje que Sánchez trasladó hace apenas unas semanas. En una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno aseguró que contaría con Zapatero “como he contado con él en todas las campañas electorales” y defendió su presunción de inocencia pese a su condición de investigado en el ‘caso Plus Ultra’. Sánchez reivindicó entonces la trayectoria de su antecesor y dejó claro que su situación judicial no alteraba el respaldo político que le había venido ofreciendo.
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La responsable de diseñar la campaña socialista, sin embargo, ha introducido ahora un matiz. Montero aseguró esta semana que el PSOE está “siempre encantado” de que Zapatero participe en sus actos, pero recordó que el expresidente está centrado en su defensa y dejó en sus manos la decisión de incorporarse o no a la campaña. La dirigente socialista evitó así comprometer públicamente su presencia en los mítines del partido.
La versión que llega desde el entorno del expresidente es distinta. Fuentes próximas a Zapatero han asegurado que tiene intención de participar en algunos actos para respaldar a Sánchez y que el propio presidente le ha trasladado que cuenta con él. El debate se desplaza así del “sí” al “cuánto”: qué presencia tendrá Zapatero en la campaña y qué papel desempeñará en unos comicios que se celebrarán mientras su situación judicial continúa evolucionando.
Una investigación que no ha dejado de crecer
El contexto explica la cautela. Zapatero está investigado por el juez Calama en una causa que comenzó alrededor del rescate de Plus Ultra y que, con el avance de las pesquisas, ha ido incorporando nuevas líneas de investigación. La compañía recibió 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021 y el juzgado trata de determinar, entre otras cuestiones, qué papel desempeñó el expresidente en las gestiones relacionadas con la operación y si existieron contraprestaciones por su supuesta intermediación.
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Los informes de la UDEF incorporados a la causa sostienen que Zapatero se encontraba en el centro de una estructura en la que habrían participado distintas personas y sociedades de su entorno. Los investigadores han analizado conversaciones, correos electrónicos y movimientos bancarios y han señalado posibles pagos y operaciones que consideran vinculados a las gestiones atribuidas al expresidente. Se trata de conclusiones policiales incorporadas a una investigación que todavía está en fase de instrucción y que deberán ser valoradas judicialmente.
La declaración de Zapatero ante el juez Calama tampoco cerró el frente. Tras escucharle, el magistrado mantuvo su condición de investigado y señaló que su comparecencia no había desvirtuado los indicios que había apreciado contra él. El juez, no obstante, descartó imponerle medidas cautelares al no apreciar riesgo de fuga.
Desde entonces, el procedimiento ha seguido avanzando en varias direcciones. Una de ellas conduce hasta las empresas del entorno familiar del expresidente. El juez citó como investigadas a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, por su vinculación con Whathefav, la sociedad que ambas administran y que aparece en la investigación por determinados pagos procedentes de Análisis Relevante, una empresa vinculada al empresario Julio Martínez Martínez.
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Según la documentación incorporada a la causa, Whathefav recibió 239.755 euros de Análisis Relevante. Zapatero reconoció ante el juez que recomendó a Martínez contratar los servicios de la empresa de sus hijas, aunque negó que esa recomendación tuviera relación con las operaciones investigadas.
La UDEF también ha puesto el foco en los negocios del expresidente en Bolivia. Un informe policial sostiene que Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 de una sociedad peruana por trabajos relacionados con sus gestiones ante autoridades bolivianas. Los investigadores cuestionan la naturaleza de esos servicios y analizan si los contratos pudieron utilizarse para justificar determinados pagos. La defensa sostiene una versión distinta sobre el origen y la naturaleza de esos trabajos.
A esta investigación se ha sumado además el análisis del patrimonio y de las operaciones económicas de Zapatero y de personas y sociedades de su entorno. El juez autorizó a la UDEF a examinar decenas de cuentas bancarias vinculadas al expresidente, sus hijas, Julio Martínez y distintas sociedades relacionadas con las pesquisas.
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Unas joyas bajo sospecha
El último frente abierto afecta a las joyas encontradas durante el registro del despacho de Zapatero. La Policía localizó cerca de 80 piezas que fueron valoradas inicialmente en unos 1,32 millones de euros. El juez abrió una pieza separada para investigar un posible delito fiscal y otro de contrabando después de que el expresidente atribuyera parte de las piezas a regalos recibidos del fallecido rey saudí Abdalá.
Calama ha ordenado una segunda tasación de las joyas, que realizará la firma Yanes, después de que la primera valoración situara su importe en esa cifra. La defensa intentó que un perito elegido por Zapatero pudiera participar en la valoración, pero el juez rechazó que lo hiciera de forma simultánea a la empresa encargada de la tasación. El equipo jurídico del expresidente ha recurrido esa decisión.
Un calendario que se cruza con la campaña
Todo este movimiento judicial tendrá como telón de fondo la campaña electoral. El 16 de octubre está prevista la declaración de Simon Leender Verhoeven, una de las personas situadas en la investigación en torno a la pata financiera del caso. Y el 19 de noviembre, ya en pleno periodo electoral, están citados como testigos José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. Sus testimonios deberán servir para reconstruir parte de las circunstancias que rodearon al rescate de la aerolínea.
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Después llegará el 29-N. Y, apenas unas horas después de que se cierren las urnas, el caso volverá a colocar a la familia del expresidente ante el juez. Laura Rodríguez Espinosa está citada el 30 de noviembre a las 9.00 horas y Alba Rodríguez Espinosa a las 12.00 para declarar como investigadas ante Calama por las operaciones relacionadas con Whathefav.
La coincidencia temporal convierte la presencia de Zapatero en campaña en una cuestión especialmente sensible para el PSOE. El expresidente cuenta con el respaldo público de Sánchez y, según su entorno, tiene previsto acompañar al partido en algunos actos. Pero la dirección de campaña que encabeza Montero ha evitado confirmar una participación que, en cualquier caso, se produciría mientras la Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre Zapatero y su entorno.
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