Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

La guerra de Oriente Medio ha sacado a la luz las diferencias entre los 27 Estados que conforman la Unión Europea. Lejos de trabajar en una respuesta coordinada que cuente con el visto bueno de Bruselas, cada nación ha impulsado sus propias medidas anticrisis para intentar frenar las consecuencias del alza de los precios de la energía, priorizando las problemáticas propias y elaborando distintos paquetes de ayudas, regulaciones fiscales y controles de precios, que analiza el último informe del Instituto Jacques Delors.

Mientras la Comisión Europea ha promovido una línea coordinada, países como España, Francia, Alemania e Italia han optado por políticas nacionales que priorizan sus propias demandas internas. Este escenario plantea desafíos de cohesión y eficacia ante una crisis que afecta de manera desigual a las economías y sociedades del continente, según ha advertido el Consejo Europeo.

Las medidas de los 27 varían desde recortes de impuestos sobre combustibles y energía hasta topes de precios, subvenciones directas y controles estrictos a la exportación de recursos estratégicos. La diversidad de enfoques evidencia tanto las particularidades de cada mercado como la presión política sobre los gobiernos nacionales para proteger a sus ciudadanos frente al alza de los precios y la volatilidad del suministro energético.

Primeras respuestas: control de precios y recortes fiscales

Desde España, la primera respuesta ante la crisis energética fue el lanzamiento de un paquete con 80 medidas, entre las que destacan la reducción del IVA del 21% al 10% en combustibles, gas y electricidad, junto con una rebaja del 10% en impuestos sobre la gasolina y el diésel, equivalentes a un recorte de casi 30 céntimos por litro. Además, se suspendió el impuesto a la producción eléctrica y se congelaron los precios del butano y el propano. Entre las ayudas sectoriales, se han aprobado subvenciones directas a transportistas, agricultores y pescadores, además de créditos a sectores estratégicos como la agroindustria.

Al otro lado de los Pirineos, Francia optó por la exención de impuestos especiales al gasóleo agrícola y establecer inspecciones en estaciones de servicio para controlar márgenes. El gobierno francés ha distribuido también ayudas directas a camioneros y pescadores y ha ampliado el bono energético a 700.000 familias adicionales. El país liberó parte de sus reservas estratégicas de petróleo y proyectó un nuevo plan nacional de electrificación, enfocado en reducir el uso del gas.

Por su parte, Alemania ha introducido un tope que limita los incrementos de precio en carburantes a una sola vez por día, con multas de hasta 100.000 euros por incumplimiento, y ha endurecido la legislación para sancionar prácticas especulativas. Al mismo tiempo, ha pedido a la Comisión Europea gravar los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas. El gobierno también liberó 19 millones de barriles de sus reservas estratégicas para reforzar el suministro interno.

La Italia de Giorgia Meloni ha aplicado una reducción de 25 céntimos por litro en gasolina y diésel, así como recortes en el impuesto sobre el gas licuado. Además, ha implementado créditos fiscales para transportistas y pescadores afectados por el aumento de costes, y limitó el repostaje de combustible en aeropuertos clave para privilegiar vuelos de emergencia y estatales.

Medidas sociales y protección a los vulnerables

Entre el extenso listado de medidas anunciadas por los 27, la dimensión social ha sido central en las respuestas nacionales, con programas ampliados de subsidios y bonos para hogares vulnerables. En España se ha extendido el bono social eléctrico y ampliado la cobertura del bono térmico, prohibiendo los cortes de suministro y los despidos en empresas receptoras de ayudas. En Francia se han reforzado los vales energéticos y Portugal ha apostado por deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos, así como subvenciones para la instalación de paneles solares y cargadores.

En Grecia también se han lanzado medidas enfocadas en los ciudadanos, como el programa “Fuel Pass”, que proporciona ayudas directas de hasta 60 euros para conductores en islas. Chipre, por su parte, ha reducido el IVA de la electricidad del 9% al 5% y ha suspendido temporalmente el impuesto verde a los combustibles, mientras que Malta ha congelado los precios de la gasolina y el diésel por sexto año consecutivo, absorbiendo los incrementos mediante contratos de cobertura y subsidios directos.

El enfoque social también se ve reflejado en la extensión de subsidios al transporte público y a la adquisición de suministros básicos en países como Croacia y Lituania. Irlanda del Norte ha ampliado el periodo de pagos de ayuda para calefacción a 470.000 hogares y reducido impuestos sobre combustibles. Por su parte, Bulgaria ha distribuido una asignación mensual adicional para personas vulnerables y ha estabilizado los precios de la electricidad doméstica.

Seguridad de suministro y restricciones al comercio

El temor a la escasez y la volatilidad del mercado energético ha llevado a los Estados miembro a definir medidas para asegurar el abastecimiento nacional, muchas veces sin consultar a Bruselas. En esta línea, varios gobiernos han restringido temporalmente la exportación de productos petroleros y establecido límites a las compras transfronterizas de carburantes, generando tensiones dentro del propio mercado europeo.

Otros han ido más allá para garantizar la seguridad energética nacional, como Hungría, que ha impulsado un tope al precio de la gasolina y prohibido las exportaciones, mientras que Eslovaquia ha limitado la venta de diésel a vehículos extranjeros, una medida estricta que ha recibido críticas por parte de la Comisión Europea por su potencial efecto discriminatorio.

Algunos Estados, como Austria y República Checa, han recurrido a la regulación directa de márgenes y precios, mientras que Países Bajos ha priorizado la estabilidad presupuestaria y el control de la inflación frente a medidas de alivio fiscal. Así, Luxemburgo ha optado por incentivar entre sus ciudadanos cambios de comportamiento y ahorro energético, prescindiendo de intervenciones fiscales.

Las diferencias en el diseño y alcance de las políticas ponen de manifiesto la ausencia de una respuesta coordinada desde Bruselas, lo que genera desigualdades en la protección de los consumidores y empresas en el espacio común europeo. Además, la situación deja a la UE ante el reto de reconstruir mecanismos de solidaridad y coordinación, frente a la clara priorización de lo nacional frente a la acción colectiva que se respira en los 27 Estados de la UE.