Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

Ha comenzado el juicio por el ‘caso Kitchen’ y las partes personadas han aprovechado para marcar sus estrategias en las cuestiones previas. Desde la acusación, el PSOE ha pedido que se investigue la “conexión política” en la causa, lo que implicaría directamente a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, mientras que las defensas de los acusados han sacado todo su arsenal para poner en duda la investigación que se llevó a cabo. Los magistrados tendrán que deliberar sobre estas peticiones.

Durante este primer paso en el litigio, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y las acusaciones ejercidas por la familia de José Luis Bárcenas y Podemos no han presentado ninguna cuestión previa. Si lo ha hecho el PSOE, que ha “interpuesto incidente de nulidad de auto de juicio oral” para que “se declare nulidad parcial a sobreseimientos de la conexión política”.

“En consecuencia procede dictar nueva resolución, que permita a esta acusación ejercer sus derechos en términos que no restringa sus actuaciones”, ha explicado la abogada del partido. Por último, han pedido que “se acuerde el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo o en su defecto como responsable civil subsidiario”.

Ha denunciado que “es sorprendente que se llame al Estado como responsable civil y no al PP, cuando son evidentes los daños que han causado todas las piezas previas, como la Gürtel”.

Las defensas cargan contra la instrucción

Por su parte, la estrategia de las defensas ha venido marcada por el primero de los comparecientes, el abogado del principal acusado, el ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Sus peticiones han ido todas encaminadas a que se anule la causa, lo que podría acabar directamente con el juicio.

Su primera alegación ha venido con la competencia que tiene la Audiencia Nacional para enjuiciar estos hechos, defendiendo que la jurisprudencia la tendría que tener la Audiencia Provincial de Madrid. “Se investiga en esta Sala porque se hizo una conexión con la pieza Tándem [que investiga la red de corrupción del excomisario José Manuel Villarejo, que ofrecía servicios privados de espionaje] y esta mal denominada Kitchen, pero no tienen nada que ver”, ha explicado.

Según su versión, no existe esa “supuesta conexión”, por lo que los delitos no serían competencia de la Audiencia Nacional, lo que anularía el juicio, dilatando más el proceso. Ha ironizado con que la única conexión era el propio Villarejo y es como si se “hubiera encontrado droga en su casa y ahora se estuviera juzgando en la Audiencia Nacional”.

Su segunda línea de impugnación ha ido dirigida a la “inmotivada e injustificada dilación del secreto en esta causa”. Ha explicado que la investigación duró dos años y siete meses y estuvo en secreto dos años y seis meses. Por eso ha solicitado la “nulidad de todos los autos que sin ninguna motivación, inexistente, se acuerda el secreto de la causa”.

“Se ha producido un abuso del secreto, manifiesto y evidente, por lo que solicitamos que esta investigación prospectiva sea anulada”, ha añadido.

La legitimidad de los audios de Villarejo

El abogado del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se ha adherido a las peticiones de la primera defensa, pero ha añadido una nueva cuestión previa, enfocada en los audios de Villarejo, que son la base de toda la causa.

Para ello ha explicado que existen dos tipos de grabaciones: el primer grupo son los diez audios que dieron inicio a esta pieza, que fueron un hallazgo casual en la vivienda del excomisario; el segundo grupo corresponden a tres audios incorporados este mismo año, que recogen conversaciones entre Villarejo y Martínez.

Sobre estos tres últimos el abogado ha sido tajante al asegurar que “deben ser anulados por la Sala. No deben considerarse prueba lícita”. La primera razón, es que fueron incorporados después de que se presentaran los escritos de defensa.

Sin embargo, la más importante es la forma en la que acabaron en la causa. Fue el empresario Javier Pérez Dolset el que los entregó a la Policía. “Los agentes le preguntaron de dónde salían y Dolset respondió que algunos se los habían facilitado los medios y otros los había obtenido del Telegram de Alvise”, ha relatado el letrado.

“Ninguno de estos audios está en el material incautado de Villarejo, por lo que su origen es desconocido y no podemos autentificar el contenido”, ha denunciado.

Sobre los otros diez audios, el primer grupo como los ha descrito, considera que ha existido un problema formal, ya que no pudieron acceder a ellos hasta la fase de tramitación. A esto se suma que en cuanto tuvieron acceso, estaban “troceados” por los propios policías, sin tener la grabación completa, según el abogado.