La rebaja del IVA aprobada por el Gobierno para hacer frente a la crisis energética tendrá un “impacto limitado” en el bolsillo de los consumidores. Así lo advierte Facua-Consumidores en Acción, que calcula que la reducción del impuesto del 21% al 10% en los combustibles supondrá una bajada media de apenas 17 céntimos por litro en el gasóleo y 16 el de gasolina muy lejos del encarecimiento acumulado en las últimas semanas.
La organización de consumidores ha mostrado una satisfacción moderada ante el paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros, especialmente por la intención de fijar límites a los márgenes de beneficio para frenar la especulación derivada de la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, advierte de que el efecto real dependerá de cómo se concreten finalmente estas medidas y de si el Congreso introduce cambios sustanciales.
Facua insiste en que una política basada exclusivamente en rebajas fiscales puede resultar insuficiente e incluso contraproducente. Según la asociación, sin controles efectivos, las empresas podrían seguir inflando sus márgenes de beneficio, tal y como, aseguran, ha ocurrido en el sector de los combustibles desde principios de marzo.
Impuestos sin control de precios
La organización subraya que reducir impuestos sin intervenir en los precios o los márgenes empresariales es precisamente la medida que favorece a los operadores que buscan maximizar beneficios en contextos de alta demanda o incertidumbre. En este sentido, FACUA considera imprescindible acompañar cualquier rebaja fiscal con mecanismos de control.
De hecho, una encuesta reciente elaborada por la asociación revela que casi siete de cada diez consumidores creen que la forma más eficaz de frenar las subidas abusivas es establecer precios máximos. Solo un 12% considera que las rebajas fiscales son la mejor herramienta para contener los costes.
Este diagnóstico pone de relieve una creciente desconfianza entre los ciudadanos, que perciben que las bajadas de impuestos no siempre se trasladan de forma proporcional al precio final que pagan en las gasolineras.
El impacto real en el gasóleo y la gasolina
Los datos ilustran con claridad esta situación. El pasado 19 de marzo, el precio medio del litro de gasóleo en la Península se situaba en 1,921 euros. De esta cantidad, más de 71 céntimos correspondían a impuestos, lo que representa cerca del 37% del total. Con la aplicación del nuevo IVA reducido, el precio bajaría hasta aproximadamente 1,747 euros por litro, lo que supone una reducción de 17,4 céntimos. Sin embargo, esta rebaja queda muy por debajo del incremento medio de 45 céntimos registrado entre el 2 y el 19 de marzo.
En el caso de la gasolina, la situación es similar. El precio medio se situaba en 1,790 euros por litro, y la bajada del IVA lo reduciría en unos 16 céntimos, hasta los 1,627 euros. No obstante, en ese mismo periodo el carburante ya había subido cerca de 29 céntimos.
Casos extremos y subidas desorbitadas
Facua también denuncia situaciones especialmente llamativas en algunas estaciones de servicio. En casos extremos, se han registrado subidas de hasta 1,01 euros por litro en cuestión de días, lo que evidencia, según la organización, la existencia de prácticas especulativas.
Entre los ejemplos más destacados se encuentra una gasolinera en la localidad sevillana de Badolatosa, donde el precio del gasóleo pasó de 1,341 euros a más de 2,35 euros en apenas unas semanas. También se han detectado precios superiores a los 2,3 euros por litro en otras zonas del país.
Estos incrementos, muy por encima de la media, refuerzan la tesis de Facua sobre la necesidad de establecer límites que eviten abusos en el mercado energético.
Luz y gas
En el ámbito de la electricidad y el gas, el Gobierno también ha aprobado la rebaja del IVA al 10% y una reducción del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%. Aunque la asociación valora positivamente estas medidas, recuerda que lleva años reclamando que estos suministros esenciales cuenten con un IVA reducido de forma permanente.
No obstante, Facua lamenta que el paquete energético no incluya medidas más contundentes, como la fijación de un tope al precio del gas, que influye directamente en el coste de generación eléctrica, ni el establecimiento de precios máximos en el sector.
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