La organización europea ENTSO-e, que agrupa a los gestores de redes eléctricas en Europa, ha publicado este viernes un informe con sus conclusiones sobre el apagón sufrido en España y Portugal el 28 de abril de 2025. El suceso, calificado como “el más severo en el sistema eléctrico europeo en más de 20 años”, no tuvo una sola causa: la investigación apunta a una interacción de múltiples factores en los que Red Eléctrica, las compañías privadas, las renovables y los propios reguladores gubernamentales tuvieron su parte de responsabilidad.
El informe ha sido elaborado por un panel de 49 expertos, entre los que se incluyen representantes de los Operadores de Sistemas de Transmisión (TSO), los Centros de Coordinación Regional (RCC), la ACER y las Autoridades Reguladoras Nacionales (ARN). Los autores insisten en que el apagón del 28 de abril “fue un evento sin precedentes” resultado de “la interacción de múltiples factores”, que provocaron aumentos de tensión y desconexión en cascada, derivando en el apagón.
Los expertos han identificado varias deficiencias en la gestión de la red por parte de Red Eléctrica, subrayando que el control manual de componentes críticos para la tensión dificultó la reacción ante la velocidad del incidente. Además, la investigación destaca la falta de supervisión en tiempo real de la diferencia entre la potencia reactiva aportada por las centrales y la prevista por el operador.
El papel de las grandes eléctricas y las renovables
Por parte de las grandes compañías eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, el análisis apunta a la insuficiencia de los generadores convencionales, que cubrieron menos de tres cuartas partes de las demandas de potencia reactiva cuando el sistema más lo requería. El informe destaca esta insuficiencia como una de las causas determinantes del episodio.
Respecto a las plantas renovables, los expertos resaltan que el modelo operativo actual de estas instalaciones en España contribuyó al agravamiento del evento. Funcionando bajo un factor de potencia fijo, las renovables no ajustaron su producción ante las fluctuaciones de la tensión. Como resultado, no colaboraron en la estabilización del sistema y, en muchos casos, se desconectaron automáticamente antes de que la red alcanzara los límites de tensión permitidos. Esta práctica ya se había apuntado en los informes preliminares de Entso-E y Acer, y en el texto definitivo se insiste en la falta de información, especialmente en lo relativo a los parámetros de disparo que habrían permitido precisar el origen y la magnitud de la desconexión prematura.
Además de los factores técnicos y operativos, la investigación europea atribuye una parte de la responsabilidad a los reguladores españoles, en concreto al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Según el informe, las disposiciones normativas vigentes en España han contribuido a crear condiciones propicias para que se produjera el apagón. En particular, se detalla que la normativa nacional permite un rango excepcionalmente amplio de tensión en la red de 400 kV, un margen significativamente superior al que rige en el resto de Europa. Esta configuración normativa ha reducido de forma notable el espacio entre el límite operativo considerado seguro y el umbral en el que se activa la desconexión automática de los generadores por motivos de seguridad.
Recomendaciones del panel de expertos
Tras su análisis, el informe aconseja a España aplicar una serie de recomendaciones con el fin de prevenir eventos similares en el producto. El panel de expertos sugiere mejorar la supervisión y control en tiempo real de la potencia reactiva y establecer criterios claros y consecuencias económicas para quienes incumplan estos requisitos de control.
España debería, además, incrementar los ensayos de arranque en netro y los entrenamientos conjuntos para operadores y responsables de la red. Se pide también reforzar los sistemas de comunicación y control remoto independientes de la red pública, así como asegurar que las fuentes de energía renovable conectadas a la red de distribución no interfieran con la recuperación del sistema tras un apagón. Los resultados de la investigación también subrayan la necesidad de adaptar los marcos regulatorios para respaldar la naturaleza cambiante del sistema eléctrico.
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