El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

“Tu dinero, tu derecho a saber”. Con este propósito, David Fernández, ingeniero informático, ha decidido desnudar las entrañas de las Administraciones públicas. Y qué mejor manera de hacerlo que analizar en qué se gastan el dinero de los contribuyentes a través de uno de los sistemas menos transparentes que hay: los contratos menores, donde por ejemplo no es necesario publicar la memora justificativa de cada contrato. Fernández (no confundir con el autor de esta información), ha desarrollado la web ‘contratacionabierta.es’, donde cualquier ciudadano puede consultar 10,1 millones de adjudicaciones licitadas por 14.584 organismos públicos. Estamos hablando de 49,9 billones de euros que han ido a parar a 827.494 empresas.

Gracias a esta nueva herramienta, totalmente gratuita, se puede saber por ejemplo que el hospital madrileño Clínico San Carlos es la entidad pública que encabeza el ranking de contratos licitados: 355.133, que han supuesto un volumen de 659 millones de euros. Hay contratos del Gobierno central (desde el año 2011) y de la mayoría de las Comunidades Autónomas: desde los 3,3 millones licitados por la Comunidad de Madrid (desde julio de 2015) hasta los 10.413 (desde enero de 2018) procedentes de la Junta de Extremadura. Este riguroso análisis revela curiosidades. Una de las destacadas por Fernández es que el 23 de noviembre de 2023, AENA, el gestor estatal de los aeropuerto españoles, pagó 849 euros a El Corte Inglés en concepto de “adquisición de obsequio para un consejero de Consejo De Administracion de Aena”. No venían datos del tipo de obsequio ni del agraciado.

Así que este ingeniero decidió ir más allá e hizo una consulta a través de Transparencia. AENA ha respondido que el regalo se trató de un bolso de la marca Ralph Lauren como agradecimiento a una consejera que dimitía de su cargo, un obsequio “a la altura de las circunstancias”, y que el proveedor elegido fue El Corte Inglés porque si no era del agrado de la directiva que se marchaba podía cambiarlo. La herramienta diseñada permite buscar por Administración (organismo dentro de ella), adjudicatario y tipo de contrato por palabra clave. Por ejemplo, si se pone el concepto “almuerzo” aparecen 40.528 contratos, la mayoría calificados como “almuerzos de trabajo”. El último es el que adjudicó el pasado 3 de marzo el Tribunal Constitucional “con motivo de la celebración del Día de la Mujer” para 13 personas. Un contrato que ha ido a parar a la empresa NY Best Catering por 1.219,90 euros.

Fernández también destaca que “una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empecé a ‘ingestar’ los datos de contratos menores fue que empezaron a aparecer contratos con importes estratosféricos o con fechas que obedecerían más a un suministro de necesidades para cuando los humanos nos establezcamos en Marte que a las necesidades que le pueden aparecer a una administración pública en nuestros días”. Y es que ante tanto volumen de información es normal que los organismos públicos cometan errores. Con más de 10 millones de contratos en la base de datos, 514 están adjudicados en el futuro y 18.267 antes del año 1900. También aparecen 922 licitaciones con un importe mayor a 200.000 euros, “algo que no tiene cabida en la ley de contratos del sector público y que, salvo ilegalidad flagrante, podemos atribuir de forma prácticamente segura a que a la persona que subió los datos se le fue el dedo al introducir los importes”.

18.000 contratos con fechas antiguas

Los errores más obvios son los relativos a las fechas. Fernández destaca contratos adjudicados dentro de más de 3.000 años: una “maquetació monogràfic català”, adjudicado por la Associació Internacional de Ciutats Educadors para el año 5053. O la compra de grandes electrodomésticos que el Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado para dotar sus escuelas infantiles municipales para el año 2501. Hay más de 18.000 contratos que tienen fechas del pasado: “sustitucion de cable que conecta del ordenador al proyector por dentro del falso techo” de la mutua Muprespa para el año I después de Cristo; o el suministro de estores para la oficina de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Navalcarnero para el año 20 DC.

Fernández recuerda que “la Ley de Contratos del Sector Público impone la publicación de los contratos menores no como un mero trámite formal, sino como una garantía de control y fiscalización del gasto público. Cuando los datos publicados son erróneos, incoherentes o directamente inverosímiles, esa garantía se vacía de contenido: no se puede fiscalizar lo que no se puede interpretar”. Por eso, dentro de la web de contratación hay un anexo, bautizado ‘Monitor de Red Flags’, para detectar posibles irregularidades. De momento contabiliza 2.058.101 sobre un total de 10.100.950 contratos menores. Se trata de alertas (red flags) basadas en patrones anómalos. El que más se repite es el “patrón recurrente”, es decir, cuando se conceden más de tres contratos al mismo proveedor con importes similares a intervalos regulares, lo que sugiere que hay un servicio continuado disfrazado de contratos menores independientes.