Madrid se resiste al registro de objetores del aborto, pero el PP da por hecho que Ayuso “acatará” la decisión judicial

La Comunidad de Madrid todavía no se decide a aplicar el registro de objetores de conciencia al aborto. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este martes ante los medios que recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instó el lunes a iniciar “de inmediato” los trámites para crear dicho registro.

Se trata de una medida contemplada en la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) del año 2023. El objetivo es que las administraciones autonómicas conozcan cuántos médicos objetores ejercen en sus hospitales, para poder organizar mejor sus recursos humanos y garantizar que el aborto pueda realizarse sin impedimentos en la sanidad pública. Es algo que actualmente en Madrid no ocurre: pese a ser la comunidad autónoma que más IVE realizó en 2024, un total de 18.149, tan solo 86 se hicieron en centros públicos, un 0,47% del total.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, se ha negado hasta ahora a aplicar el registro de objetores, que considera una “lista negra” para señalar a los facultativos. Este martes, Miguel Ángel García ha considerado que, pese al fallo judicial, “no hay caso”, porque en la comunidad pueden abortar “todas las mujeres que lo solicitan” dentro de los supuestos recogidos por la ley, a la par que se defiende “el derecho de los médicos a la objeción de conciencia”.

En ese sentido, ha anunciado que la Comunidad de Madrid recurrirá el auto del TSJM y ha recordado que la medida cautelar solo les obliga a iniciar los trámites, no a “concluir con la creación del registro”. Así, ha insistido en que la autonomía hace ahora “compatible” el derecho de la objeción de conciencia con la prestación del aborto.

El portavoz regional ha acusado de “demagogia” a la ministra de Sanidad, Mónica García, por cargar contra una comunidad “que sí que hace su trabajo” frente a los servicios sanitarios de Ceuta y Melilla, gestionados por el Estado, donde se deriva “a hospitales privados” los abortos. Las dos ciudades autónomas no ofrecían la IVE en ninguno de sus centros públicos hasta el pasado mes de diciembre, cuando el Hospital Universitario de Ceuta se hizo cargo del 90% de los abortos solicitados en la ciudad.

El PP cree que Ayuso “acatará” la decisión

Pese a las declaraciones de Miguel Ángel García, el Partido Popular (PP) se muestra convencido de que el Gobierno de Ayuso “acatará” la decisión del TSJM. Así lo ha afirmado este martes la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ante los medios.

“En Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan y, por tanto, yo estoy convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial”, ha afirmado durante la rueda de prensa de portavoces en la Cámara Baja.

La Comunidad de Madrid es la única región que todavía no ha iniciado los trámites para crear el registro de objetores de conciencia al aborto. El resto de autonomías, también las gobernadas por el PP, comenzaron a trabajar en ello después de que en diciembre de 2024 se aprobase el acuerdo del protocolo para la creación del Registro de personas objetoras de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).