
El último informe del Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CCVMCF), dependiente del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, es bastante claro y elocuente sobre la situación de la migración ilegal que llega a las playas españolas. El único punto donde en 2025 creció la llegada de pateras y cayucos fue las Islas Baleares. Si este tipo de migración descendió un 44% en el conjunto de España, en Mallorca, Ibiza y Formentera, la cifra creció un 19%. Eso ha hecho que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática haya tenido que multiplicar por tres la inversión para la “retirada y destrucción” de este tipo de embarcaciones.
Si en agosto de 2025 Política Territorial tuvo que adjudicar este servicio por 52.825 euros, el pasado 20 de febrero licitó de nuevo un contrato valorado en 181.000 euros. “Dado que durante el último semestre de 2025 se produjo un incremento en la llegada de este tipo de embarcaciones a las costas de las Islas Baleares, que se sitúa en torno al 130%, se considera imprescindible seguir disponiendo de dicho servicio una vez finalice la prestación del contrato en trámite. Todo ello, a fin de que, en un ejercicio de responsabilidad medioambiental, se evite la acumulación de embarcaciones y se facilite la retirada de este tipo de residuos por empresa legalmente autorizada y cumpliendo con los necesarios controles medioambientales”, reza la memoria justificativa del contrato.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, la inmigración irregular que llega por mar ha disminuido en un 44% en la media nacional, en relación con el mismo periodo del año anterior. Durante todo este periodo, se han interceptado un total de 1.257 embarcaciones que pretendían entrar en España de manera irregular, con 33.305 migrantes a bordo. A Baleares en concreto (ver mapa) llegaron 7.353 personas, un 19%. También se detectó una fuerte subida en Melilla, con 358 personas (una subida del 150%). En los datos que maneja la Guardia Civil destaca el crecimiento de la llegada de personas de nacionalidad argelina, los que más utilizan la ruta que lleva a Baleares. Si en 2024 el 16% de los migrantes que llegaron a España eran argelinos, en 2025 ese porcentaje creció al 29%.

Analizando el último mes de 2025, el de diciembre, las llegadas a Baleares representaron el 25% del total de entradas en España. “En cuanto a los orígenes de los inmigrantes, durante este mes, los argelinos han vuelto a ser el origen predominante, refiriendo ser el 58% de los inmigrantes llegados. Los de origen subsahariano han supuesto el 42% y no se ha registrado la entrada de ningún inmigrante de origen marroquí ni de otra nacionalidad. Durante este mes, de entre los inmigrantes de origen subsahariano con nacionalidad conocida, los malienses (131) han predominado, seguidos por los somalís (46) y los guineanos (37). Comparando las cifras de diciembre con las del mes anterior, este mes ha sufrido un incremento del 53% en el número de llegadas irregulares”, señalan informes que maneja la agencia europea de fronteras Frontex.
Los argelinos lideran ahora
El mismo informe, al que ha tenido acceso Infobae, destaca que la nacionalidad argelina consolida su posición como principal nacionalidad de llegada en 2025, con 9.901 entradas irregulares registradas. La maliense cierra el año en segundo lugar con 3.640. Y es que las mafias argelinas han detectado en esta ruta una nueva línea de negocio, ya que intentan, cuando el buen tiempo lo permite, realizar el máximo número de traslados en un mismo día, es decir, más de un viaje entre Argelia e Ibiza o Formentera en 24 horas. “Cobran más a los migrantes al garantizar viajes más rápidos gracias a motores de mayor potencia y condiciones meteorológicas favorables. Solo necesitan una ventana de buen tiempo para completar el circuito de ida y vuelta”, explican fuentes de la Guardia Civil especializadas en inmigración.
Los migrantes pagan entre 2.000 y 5.000 euros por viaje. La asociación JUCIL (de la Guardia Civil) lleva ya tiempo diciendo que la falta de medios en las islas dificulta la detección temprana de embarcaciones. En Formentera, por ejemplo, la isla no dispone de una estación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), lo que dificulta la detección temprana de embarcaciones. A ello se suma la escasez de efectivos, provocada por la falta de alojamiento para los agentes, lo que impide cubrir las plazas asignadas.
Dada la situación, el Gobierno central busca ahora una nueva empresa que recoja las embarcaciones varadas en playas y costas, y las destruya. Política Territorial está dispuesto a pagar unos precios unitarios de 1,16 euros/kilo (IVA excluido) y 2,48 euros/kilo (IVA excluido), fijados para la retirada y destrucción de las embarcaciones ubicadas en Ibiza y Formentera. “La empresa licitadora deberá incluir en su oferta los gastos de desplazamiento, mano de obra o cualquier otro tipo de gasto que pudiera considerar necesario para la prestación de este servicio”. Además, no se podrá quedar con los motores de estas pateras. Estas máquinas tendrán que ser también destruidas.
El contrato dura un año. El cálculo que se ha realizado es que la empresa que gane el contrato tendrá que eliminar unas 150 embarcaciones, de las cuales 38 llevarán motor incorporado. El peso medio estimado es de 80 kilos para el motor y de 620 kilos para el resto de la embarcación. Es solo una estimación, por eso el contrato fija una posible prórroga del mismo y otros modificados que incrementarían la inversión hasta los 435.000 euros.
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