La población española está envejeciendo. Con una esperanza de vida de 84 años y una tasa de natalidad cada vez más baja, los mayores de 65 años representan ya más del 20% de la población y se espera que, en 2055, sean el 30% del total de españoles. Cuanto más tiempo se vive, más crecen los problemas de salud y las necesidades de atenciones crónicas, pero la sociedad no está sabiendo responder a esta demanda. Un informe del Consejo General de Enfermería (CGE) evidencia la falta de profesionales especialistas para atender a las personas mayores que se encuentran en las residencias.
Los autores del estudio estiman en 23.055 las enfermeras que trabajan en estos centros residenciales, que deben atender a 356.200 personas en todo el país. La cifra, sin embargo, no se ajusta a la realidad, según reconocen desde el CGE. “Es un cálculo aproximado, pues hay algunas que trabajan en tres centros a la vez. Y no hay voluntad, a nivel gubernamental, de tener un dato real y actualizado”, lamenta Rosa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología (Seegg).
Las sanitarias empleadas quedan lejos de las que se necesitan para atender a una población de más de 350.000 ancianos y así lo evidencian los estudios existentes: según una investigación del sindicato SATSE elaborada en 2019, el 75,2% de las enfermeras que trabajan en centros gerontológicos residenciales delega funciones y competencias propias en personal gerocultor debido a la ausencia de enfermeras en todos los turnos.
Los retos de la enfermería geriátrica
Las 23.000 enfermeras no están repartidas de forma equitativa por todo el territorio nacional. La media española calculada por el CGE habla de 109 pacientes por cada sanitaria, peor hay comunidades autónomas que duplican esta ratio: en la Comunidad de Madrid, cada enfermera atiende a 261 residentes; en Castilla y León son 225 los que cada profesional tiene asignados y en Extremadura, 204. En contraposición, Galicia (53), País Vasco (91) y la Comunidad Valenciana (97) quedan por debajo de la media nacional.
Estas diferencias responden a una normativa heterogénea que ni siquiera asegura la presencia de enfermeras en residencias. A nivel estatal, existen dos acuerdos, firmados en 2008 y 2022, que imponen una ratio genérica de profesionales en estos centros, sin garantizar la contratación de sanitarias especializadas. A nivel autonómico, hay nueve comunidades que exigen la presencia de enfermeras en estos centros, pero no lo hacen por igual: siete de ellas establecen una ratio mínima de personal, mientras que las dos restantes (Castilla-La Mancha y Cantabria) establecen un mínimo de horas que deben estar atendidas por enfermeras.
Con este reducido personal, las enfermeras atienden casos cada vez más complejos: el 95% de los residentes presentan alguna discapacidad, según el CGE. Además, las condiciones laborales que afrontan son muy diferentes a las que se mantienen dentro de hospitales y centros de atención primaria. Según las tablas salariales del VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, de aplicación en todo el territorio español, el salario base establecido para 2025 asciende a 1.567,96 euros brutos para el personal de enfermería, mientras que en atención especializada y primaria, las retribuciones básicas superan los 2.000 euros mensuales.
En estas desigualdades influye el alto porcentaje de gestión privada en estos centros, según el CGE: de los 5.188 centros residenciales existentes en el país, solo el 14% son de titularidad pública. “Las condiciones laborales y dotación de personal se agravan en centros privados, lo que repercute negativamente en la salud del personal de enfermería y en la calidad de la atención prestada”, aseguran en su informe.
Una atención “inadecuada”
“Cuidar a los mayores es quizá la mayor responsabilidad que tenemos como sociedad. Y la realidad es que la respuesta a esta necesidad de cuidados no es la adecuada”, ha aseverado Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta primera del CGE. “Hablamos de un segmento de la población que experimenta un aumento constante tanto en el número de individuos que se incluyen en este grupo como en la complejidad de su situación a nivel de pluripatología, movilidad o deterioro cognitivo”, ha añadido.
Para revertir esta situación, el CGE pide crear la categoría de enfermera especialista en Geriatría en todas las comunidades autónomas, reconocer y equiparar sus condiciones laborales a las del sistema público de salud, blindar por ley las funciones y ratios de los centros y garantizar la presencia de enfermeras las 24 horas en las residencias.
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