
El 1 de febrero de 2023, doña Benita recogió un burofax que cambiaría su día a día en Torremolinos. La propietaria de una vivienda cuya dirección es protegida por anonimato judicial en la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae, se enfrentaba a una reclamación formal de la comunidad de propietarios. El tribunal ahora confirma: deberá pagar 3.473,34 euros más intereses y las costas del proceso. La historia, sin embargo, es más que una cifra: es el relato de una convivencia rota y de reuniones de vecinos tensas para sostener los gastos comunes de un edificio.
La resolución de la Audiencia Provincial de Málaga no deja lugar a dudas. Tras meses de desencuentros y tras agotar las vías amistosas, la Comunidad de Propietarios recurrió a la tutela judicial para exigir el pago de cuotas y derramas extraordinarias acumuladas. La sentencia rechaza todos los argumentos de doña Benita, quien alegó errores en el cálculo, pagos no reconocidos y una deuda que, a su juicio, era “ostensiblemente inferior”.
Los jueces consideraron probada la deuda por la documental presentada y señalaron que la carga de demostrar el pago recaía sobre la demandada, que no aportó ninguna prueba válida. La propietaria ahora afronta no solo el pago de la deuda, sino también los intereses legales y las costas de ambas instancias, cerrando cualquier vía de recurso ante los tribunales ordinarios.
El conflicto no surgió de la noche a la mañana. La relación entre doña Benita y la Comunidad de Propietarios empezó a tensarse años antes de la sentencia. El 13 de diciembre de 2018, la comunidad aprobó en junta la ejecución de obras en la piscina y la emisión de una derrama extraordinaria para reformar el sistema eléctrico del edificio.
Las cuotas de comunidad y las derramas extra, aprobadas por mayoría, se convirtieron en una carga para varios vecinos. El 26 de julio de 2022, la situación llegó a un punto de no retorno: la junta decidió reclamar judicialmente las deudas a todos los propietarios morosos, entre ellos doña Benita. Pese a los intentos amistosos por resolver el impago, la deuda siguió creciendo. La comunidad remitió un burofax informativo a la propietaria, quien lo recibió y firmó el 1 de febrero de 2023, pero el conflicto no halló solución extrajudicial.
La vecina alegaba errores en la deuda
La historia judicial comenzó poco después. La comunidad de propietarios llevó el caso ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torremolinos, que el 13 de junio de 2023 dictó sentencia condenando a doña Benita al pago de la cantidad reclamada más intereses y costas. La propietaria recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, argumentando que el certificado de deuda estaba inflado por errores aritméticos y pagos no reconocidos.
Sin embargo, la Audiencia evaluó el expediente y consideró que la demandada no aportó ninguna prueba que desvirtuara la deuda certificada. El tribunal confirmó la sentencia inicial y le impuso nuevamente las costas procesales. La sentencia es firme y no admite recurso ordinario ni extraordinario, por lo que solo queda su ejecución.
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