Lo que iba a ser un juicio histórico por conseguir un enfoque nuevo en la lucha contra el narcotráfico ha caído en un pozo judicial. Esta semana se celebraba en Vigo la vista contra 11 personas acusadas de fabricar narcolanchas para su uso en el negocio de la droga. Sin embargo, una serie de inconvenientes han provocado hasta tres suspensiones seguidas, y ahora podría retrasarse durante meses.
Este jueves se ha producido la última cancelación, según han confirmado fuentes judiciales a Infobae. Según adelantaron Atlántico.net o El Faro de Vigo, el juez ha decidido retrasarlo por tercera vez esta semana debido a que uno de los acusados no podía asistir por enfermedad. Estos medios señalan que tenía que comparecer de forma telemática, pero su incapacidad y falta de conexión wifi lo ha impedido.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, iniciaba este lunes el juicio contra los 11 acusados de construir y vender embarcaciones rápidas destinadas al tráfico de drogas, desde Vigo y el norte de Portugal. Los procesados se enfrentan a penas de entre dos y nueve años de prisión por su presunta implicación en estos hechos.
Juicio contra narcolanchas suspendido cuatro veces
El juicio contra 11 personas y una empresa de O Porriño, señaladas por su presunta implicación en la construcción y traslado de lanchas rápidas destinadas al tráfico de drogas, ha vuelto a quedar aplazado por cuarta vez, la tercera en la misma semana. La baja médica de uno de los procesados, que, según varios medios, padece ciática y permanece inmovilizado en su domicilio de Barcelona, ha impedido continuar.
El acusado sí había acudido presencialmente a la sesión de cuestiones previas a principios de mes, donde se fijó el inicio del juicio para el lunes anterior. Sin embargo, la vista se pospuso primero por la ausencia de un abogado enfermo y, posteriormente, por la imposibilidad de ese mismo letrado de acudir a la nueva fecha.
Juicio por narcotráfico
El Ministerio Público sostiene que los 11 procesados y la firma de transportes integraban una organización con recursos y estructura propia, dedicada a la fabricación de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad entre septiembre de 2020 y junio de 2022. Según la acusación, estas lanchas prohibidas tenían como destino final operaciones de tráfico de drogas en la región del norte de la Península.
La Fiscalía imputa a los integrantes del grupo delitos de contrabando de embarcaciones prohibidas, vinculando la actividad a personas físicas, jurídicas y organizaciones. Uno de los acusados también enfrenta cargos por tenencia ilícita de armas y por delito contra la salud pública, tras hallar cerca de 300 gramos de hachís en su domicilio y una pistola detonadora en las oficinas de la empresa.
Durante la investigación se identificó la fabricación de al menos 19 narcolanchas, algunas involucradas en el traslado de hachís hacia la costa andaluza. La Fiscalía solicita penas de entre dos y nueve años de prisión, multas superiores a 80 millones de euros y diversas sanciones para la empresa.
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