Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y ha designado en su lugar a Mercedes Zarzalejo, hasta ahora viceconsejera del área. Se trata de la primera crisis de Gobierno que acomete desde que gobierna con mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid y supone un giro político en uno de los departamentos más sensibles del Ejecutivo autonómico.

El relevo no es menor. Educación —junto a Sanidad— ha sido históricamente uno de los frentes más expuestos del Gobierno regional frente a la oposición y a la comunidad educativa. Pero, en este caso, la decisión tiene un destinatario claro: la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), el proyecto llamado a redefinir el modelo universitario madrileño y que acumula meses de retraso, especialmente en su capítulo más delicado, el de la financiación.

Viciana, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Administrador Civil del Estado desde 2006, fue una apuesta técnica de Ayuso en junio de 2023. Sin trayectoria política propia y con experiencia en distintos ministerios, así como en la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, su perfil respondía a la idea de un gestor solvente, capaz de pilotar una reforma compleja sin excesiva exposición ideológica. Sin embargo, en un Ejecutivo cada vez más politizado en su confrontación con el Gobierno central, esa falta de peso político le situó desde el inicio en una posición frágil.

El atasco universitario

La presidenta madrileña encargó al inicio de la legislatura un “programa de apoyo, refuerzo y modernización” de las universidades públicas. El corazón de ese encargo era la aprobación de una ley autonómica que, según explicó Ayuso en su presentación, debía corregir lo que considera “excesos ideológicos” de la ley estatal —la LOSU— sin dejar de cumplir el marco jurídico nacional. El discurso de la Puerta del Sol ha vinculado esa reforma al concepto de “libertad” que el Gobierno regional identifica como marca política propia.

La Lesuc debía aprobarse en Consejo de Gobierno entre septiembre y octubre del pasado año para iniciar su tramitación parlamentaria antes de final de 2025. No ocurrió. Meses después, el texto sigue sin ver la luz y el calendario legislativo empieza a apretar, con poco más de un año por delante hasta el final de la legislatura.

El principal escollo ha sido el nuevo modelo de financiación. La Consejería planteó un sistema plurianual, revisable cada cinco años, articulado en tres tramos: una financiación básica para el funcionamiento ordinario; otra destinada a necesidades singulares —como infraestructuras—; y una tercera ligada al cumplimiento de objetivos estratégicos, como el impulso de la formación dual o el aumento de la exigencia en determinados grados. Aunque el diseño fue anunciado en distintas fases, no ha logrado cerrar un acuerdo estable con los rectores.

En paralelo, han aumentado las tensiones en la comunidad universitaria. Representantes del alumnado y del profesorado de las seis universidades públicas madrileñas han advertido de posibles movilizaciones si la norma avanza sin consenso suficiente. El debate sobre la financiación, lejos de apaciguarse, se ha convertido en el punto de fricción más visible entre la Puerta del Sol y los campus.

La paradoja es que el Partido Popular dispone de mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, lo que le permitiría aprobar la ley sin apoyos externos. Pero Ayuso ha defendido reiteradamente que no desea que la norma sea una imposición de su mayoría, sino un texto dialogado. “No he tenido una ley más consensuada”, llegó a afirmar. Ese compromiso con el acuerdo, sin embargo, ha chocado con la dificultad de cerrar un modelo financiero compartido.

Refuerzo político del área

La sustitución de Viciana por Zarzalejo confirma la voluntad de Ayuso de reforzar políticamente la Consejería. El movimiento no es improvisado. El desembarco de Zarzalejo como viceconsejera en octubre ya fue interpretado como un reequilibrio interno del departamento. Ahora asume el mando con el encargo explícito de desbloquear el proyecto universitario.

Zarzalejo (Madrid, 1976) es doctora en Derecho, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido personal docente e investigador en varias universidades y ha formado parte del Consejo Escolar madrileño y de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Su perfil combina conocimiento del ámbito académico con experiencia política directa.

Hasta su salto al Ejecutivo autonómico fue diputada en la Asamblea de Madrid y una de las voces más combativas del Grupo Popular. Destacó como portavoz en la comisión de investigación parlamentaria sobre los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense vinculados a empresas financiadoras, centrada en la figura de Begoña Gómez. Ese papel la situó en primera línea de la confrontación política con el PSOE madrileño y con el Gobierno central.

El relevo se produce en un contexto presupuestario expansivo. La Consejería gestiona en 2026 un presupuesto de 6.959 millones de euros, el 22,7% del total regional, con incrementos en becas, ayudas al estudio y plantilla docente. En universidades públicas, la dotación ha crecido un 6,5% este ejercicio. Sobre esa base financiera, Zarzalejo deberá retomar las negociaciones con los rectores y encauzar una ley que el Ejecutivo regional considera estratégica tanto en términos de política educativa como de identidad ideológica.

La primera crisis de Gobierno de la legislatura rompe, además, la imagen de estabilidad que Ayuso ha reivindicado frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si hasta ahora había evitado cualquier ajuste en su equipo, el cese de Viciana muestra que el bloqueo de la reforma universitaria se ha convertido en un problema político de primer orden en la recta final del mandato.