La exalcaldesa de Orihuela entre 2007 y 2011, Mónica Lorente, del Partido Popular, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados a partir del próximo jueves. La Audiencia Provincial de Alicante juzgará su presunta participación en un fraude relacionado con la concesión de subvenciones municipales al Orihuela CF, por un importe superior a los 800.000 euros. En la misma causa están procesados dos exconcejales del PP que formaron parte de su equipo de gobierno, así como técnicos municipales y antiguos responsables del club de fútbol.
El juicio se celebrará en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y comenzará a las 9.30 horas. Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha detallado que las vistas continuarán los días 12, 19 y 26 de este mes. El procedimiento se centra en las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Orihuela al club durante las temporadas 2007-2008 y 2008-2009.
Según la Fiscalía, las subvenciones causaron un perjuicio directo a las arcas públicas de 824.000 euros. El Ministerio Público sostiene que los responsables políticos de la corporación local de aquella etapa actuaron de forma consciente para beneficiar a los dirigentes del Orihuela CF. A su juicio, lo hicieron al margen de cualquier finalidad de interés público y vulnerando las normas que regulan la concesión y el control del dinero público.
En el escrito de acusación se describen presuntas irregularidades en todas las fases del procedimiento administrativo. Desde la tramitación inicial de las ayudas hasta su aprobación formal. También en el abono de las cantidades concedidas y en la posterior justificación del gasto. La Fiscalía considera que no se acreditó de manera suficiente el destino final de los fondos ni el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa.
Además de Lorente y los dos exconcejales, en el juicio están acusados un técnico municipal y un interventor. También figuran dos expresidentes del Orihuela CF y un antiguo secretario del club. Para todos ellos, el Ministerio Público solicita inicialmente penas de ocho años de prisión. Les atribuye delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
La acusación pública sostiene que la actuación de los responsables municipales no fue aislada ni puntual. Apunta a una conducta sostenida en el tiempo que permitió la concesión de ayudas sin control efectivo. Según esta tesis, las subvenciones se aprobaron y abonaron pese a la falta de informes técnicos suficientes y sin una fiscalización adecuada por parte de los órganos competentes del Ayuntamiento.
La sombra del caso Brugal
El inicio de este juicio coincide con una nueva condena judicial relacionada con la etapa de gobierno de Lorente en Orihuela. Hace apenas unas semanas, la Audiencia de Alicante dictó sentencia en la causa matriz del 'caso Brugal’, relativa a irregularidades en los contratos de recogida de residuos y limpieza viaria del municipio. En esa resolución fueron condenadas nueve de las 33 personas que se sentaron en el banquillo.
Entre los condenados figura la propia Lorente, así como tres exconcejales de su mandato. La sentencia es la segunda dictada en esta causa. La primera, emitida en 2020, fue revocada por el Tribunal Supremo en 2024 tras estimar el recurso presentado por la Fiscalía. Esa decisión obligó a la Audiencia a revisar el procedimiento y a validar diligencias de investigación que habían sido anuladas en un primer momento.
El tribunal consideró válidas intervenciones telefónicas y registros domiciliarios practicados durante la instrucción. Esas pruebas habían sido declaradas nulas con anterioridad. Su recuperación permitió reactivar una parte sustancial del caso y concluir con una nueva sentencia condenatoria. En ella se aplicó de forma generalizada la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, debido a la prolongada duración del proceso judicial.
En el caso de la exalcaldesa, la Audiencia le impuso una pena de cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con fraude. La sentencia obliga además a cinco de los condenados a indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Orihuela con casi 600.000 euros. La cuantía definitiva deberá fijarse en un procedimiento posterior en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los otros 24 acusados en la causa de los residuos, entre ellos el también exalcalde oriolano José Manuel Medina y varios antiguos ediles, resultaron absueltos de todos los delitos. El fallo puede ser recurrido de nuevo en casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el nuevo juicio por las subvenciones al Orihuela CF vuelve a situar bajo examen judicial la gestión económica del consistorio durante los años en los que Lorente estuvo al frente del Ayuntamiento.
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