Una madre suplanta la identidad a su hija y le deja una deuda de más de 50.000 euros: “Es compradora compulsiva”

Una mujer francesa ha denunciado a su propia madre tras descubrir que había acumulado cerca de 50.000 euros de deudas utilizando su identidad. El caso, ocurrido en 2024 y publicado inicialmente por el diario regional L’Est Républicain, ha terminado en los tribunales y refleja una forma de usurpación de identidad poco habitual, cometida dentro del núcleo familiar y con consecuencias económicas, laborales y personales de gran alcance para la víctima.

Gaëlle, nombre ficticio para preservar su anonimato, jamás imaginó que tendría que acudir a la gendarmería para presentar una denuncia contra su madre. La historia comenzó de manera aparentemente rutinaria, con la recepción de una carta de la aseguradora Allianz en la que se le reclamaba el pago de 1.500 euros en concepto de impagos. El problema era evidente: Gaëlle nunca había contratado ningún seguro con esa compañía.

Alarmada, decidió contactar con la aseguradora para aclarar el malentendido. Durante la conversación, la empleada que la atendió le preguntó si conocía a una mujer concreta, citando el nombre de su madre. Al confirmar que se trataba de ella, la respuesta fue todavía más desconcertante: había sido esa mujer quien había abierto varios contratos utilizando los datos de su hija. En un primer momento, desde la aseguradora le trasladaron un mensaje tranquilizador y le indicaron que no sería ella quien asumiera el pago.

La calma duró poco. Meses después, Gaëlle comprobó que se habían realizado dos cargos de 750 euros en su cuenta bancaria, exactamente el importe reclamado por Allianz. Ante esa contradicción, decidió dar un paso más y presentar una denuncia en la gendarmería, tanto contra la aseguradora como contra su madre. Según su testimonio, los agentes le aseguraron que nunca se habían encontrado con un caso similar. Pese a ello, la denuncia no tuvo un recorrido inmediato y la situación quedó bloqueada.

Créditos al consumo y firmas falsas

Lejos de resolverse, el problema se agravó con el paso del tiempo. Gaëlle recibió posteriormente una notificación de un agente judicial informándole de que se iba a proceder a una incautación de 1.000 euros por facturas impagadas. Desconcertada, acudió personalmente al despacho del oficial judicial para entender qué estaba ocurriendo. Allí le explicaron que figuraba como titular de varios créditos al consumo suscritos a su nombre.

La mujer negó haber firmado ninguno de esos contratos. Para comprobarlo, la agente judicial le pidió que escribiera una frase y firmara un documento. La comparación con las firmas que aparecían en los contratos permitió constatar que no coincidían. Gaëlle reconoció entonces la letra de su madre. En ese momento comprendió que los cargos anteriores no habían sido un hecho aislado, sino parte de una práctica continuada.

En aquella época, madre e hija trabajaban en la misma empresa familiar. La madre ocupaba el puesto de secretaria, lo que le daba acceso a documentación sensible de su hija: copias del documento de identidad, nóminas, datos bancarios y RIB. Con esa información, había podido suscribir créditos y contratos sin levantar sospechas. A medida que Gaëlle fue reconstruyendo lo sucedido, el alcance de la usurpación se hizo evidente: el total de las deudas acumuladas ascendía a cerca de 50.000 euros.

“Nunca ha sabido gestionar un presupuesto”

Ante una investigación que avanzaba con dificultad y la complejidad añadida del vínculo familiar, Gaëlle decidió informar a su banco. Madre e hija eran clientas de la misma entidad desde hacía años, por lo que sus perfiles financieros eran conocidos. Fue entonces cuando descubrió que su madre se encontraba en descubierto de manera casi permanente, que había abierto cuentas en varias entidades y que había suscrito numerosos contratos poniendo como titular a su hija y utilizando su RIB.

“Es compradora compulsiva, nunca ha sabido gestionar un presupuesto”, explica Gaëlle. Según su relato, cada ingreso era gastado de inmediato y, cuando se agotaban los recursos, buscaba nuevas vías de financiación. En el entorno familiar llegó a plantearse la posibilidad de una tutela, pero Gaëlle descartó asumir esa responsabilidad por la carga personal y legal que implicaba.

Con el asesoramiento de una abogada, optó por presentar un dossier de sobreendeudamiento ante la Banque de France. Esta medida le permitió bloquear los embargos y frenar los pagos mientras se aclaraba su situación, aunque con importantes consecuencias: durante varios años no podrá contratar nuevos créditos. La limitación es especialmente complicada en su caso, ya que necesita cambiar un vehículo que supera los 400.000 kilómetros.

Para evitar nuevos episodios de usurpación, Gaëlle abrió una cuenta bancaria distinta, renovó su documentación de identidad y pidió a su banco y a la Banque de France una vigilancia extrema ante cualquier intento de contratación a su nombre. También abandonó la empresa familiar, rompiendo el vínculo laboral que había facilitado el acceso a sus datos personales.

En la actualidad, Gaëlle espera la celebración de un juicio que permita reconocer formalmente la usurpación de identidad de la que asegura haber sido víctima. Su abogada le ha advertido de que el procedimiento puede ser largo, aunque confía en que la documentación reunida, incluido el dossier de sobreendeudamiento, respalde su versión de los hechos. Mientras tanto, la mujer vive en una situación de espera constante, marcada por el estrés, la incertidumbre y el temor a que la historia vuelva a repetirse.