
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reconocido este jueves que la administración de vacunas caducadas en la red pública sanitaria no se limitó a un único preparado. Según ha admitido en rueda de prensa, Osakidetza suministró dosis fuera de fecha de al menos dos tipos adicionales de vacunas: la tetravalente y la triple vírica. En el caso de la vacuna tetravalente, Martínez ha cifrado en al menos 49 los potenciales afectados, mientras que otras 29 personas habrían recibido dosis caducadas de la triple vírica.
Estas nuevas revelaciones amplían el alcance del caso conocido esta semana y se producen el mismo día en que la Fiscalía Superior del País Vasco ha incoado diligencias de investigación para determinar si los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la salud pública. La investigación se abre después de que el propio Servicio Vasco de Salud-Osakidetza haya reconocido que administró un total de 262 dosis de vacunas caducadas o muy próximas a su fecha máxima de validez a 253 personas, la gran mayoría bebés incluidos en el calendario vacunal.
Según han informado fuentes de la Fiscalía a EFE, las diligencias tienen como objetivo acreditar la existencia o no de relevancia penal en la actuación del sistema sanitario vasco, una vez confirmada la inoculación de vacunas fuera de los plazos recomendados. El Ministerio Público analizará tanto la gestión del material sanitario como los protocolos de control, trazabilidad y supervisión aplicados antes y después de detectarse la incidencia.
Ampliación del alcance
Hasta ahora, la información facilitada por el Departamento de Salud se había centrado en la administración de la vacuna hexavalente, pero la comparecencia de este jueves ha introducido nuevos elementos. Martínez ha explicado que, además de la hexavalente, se han detectado casos de suministro de dosis caducadas de la vacuna tetravalente y de la triple vírica, aunque no ha detallado aún en qué periodos concretos se produjeron estas administraciones ni si los afectados pertenecen mayoritariamente a población infantil.

El consejero ha señalado que los servicios sanitarios están revisando de forma exhaustiva los registros para precisar el alcance real de estos nuevos casos y determinar las actuaciones necesarias. La admisión de que existen más vacunas implicadas añade complejidad a un episodio que ya había generado una fuerte polémica sanitaria y política en Euskadi.
La comparecencia ha coincidido con la confirmación oficial de que Osakidetza revacunará a 103 de las personas afectadas por la administración de vacunas hexavalentes caducadas. Esta decisión fue anunciada por el Departamento de Salud tras revisar la recomendación inicial del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi, que en un primer momento había planteado volver a vacunar a la totalidad de las 253 personas a las que se administraron dosis fuera de fecha.
El cambio de criterio se produjo después de que el Gobierno Vasco recibiera un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que evaluó la validez y la eficacia de las dosis administradas. A la vista de ese informe, el consejo asesor replanteó su recomendación y consideró que no era necesario revacunar a todos los afectados.
El argumento técnico es que una parte importante de los bebés recibió las vacunas cuando estas aún no habían superado formalmente su fecha de caducidad y que, en el resto de los casos, había transcurrido muy poco tiempo desde dicha fecha. Según los expertos, en esas circunstancias la inmunidad generada está garantizada, lo que permite descartar riesgos para la salud en la mayoría de los pacientes.
La vacuna hexavalente en el centro del caso
La mayor parte de los casos detectados corresponde a la vacuna hexavalente, uno de los preparados básicos del calendario infantil. Esta vacuna protege frente a seis enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. En la práctica clínica habitual se administra en dos dosis, una entre los dos y los cuatro meses de edad y otra de refuerzo a los once meses, y también se utiliza en determinados adultos con problemas inmunológicos.
Las autoridades sanitarias han insistido en que no se han registrado efectos adversos asociados a la administración de las dosis caducadas y que la actuación responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención. Sin embargo, la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía sitúa el foco no solo en las consecuencias sanitarias, sino también en la posible existencia de fallos en la gestión y control del material vacunal.
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