Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

El empresario Víctor de Aldama, investigado en el llamado caso hidrocarburos, ha asegurado en su declaración judicial en la Audiencia Nacional que recibió un sobre procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA que contendría información relativa a una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Según han explicado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio a Europa Press, Aldama ha sostenido que ese material tendría relación con operaciones vinculadas a los hidrocarburos, aunque ha negado que guardara conexión con Villafuel, la empresa que centra buena parte de las pesquisas judiciales. El empresario, que también aparece señalado como una de las figuras clave del llamado caso Koldo, ha dejado claro que el contenido del sobre no se refería a la mercantil investigada en esta causa concreta.

Las mismas fuentes subrayan que ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha mostrado interés durante la declaración por la posible existencia de una financiación irregular del Partido Socialista. Sin embargo, Aldama ha optado por no concretar qué tipo de documentación albergaría el sobre, limitándose a señalar que estaría dispuesto a ampliar esa información si se alcanzaba algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público que le ofreciera garantías procesales.

Un sobre bajo custodia con sello oficial venezolano

La existencia de ese sobre no es desconocida para los investigadores. En uno de los informes incorporados al sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había dejado constancia de que Aldama había depositado en manos de Luis Alberto Escolano, persona de su máxima confianza, una serie de papeles que calificaba como “documentación sensible” relacionada con la petrolera PDVSA.

Además, los agentes detallaron que, en una imagen remitida por Escolano a Aldama, se podía ver en la parte inferior del sobre un sello oficial. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, recogía de forma literal el informe policial, reforzando así el origen institucional del documento.

Durante su comparecencia, Aldama también ha abordado otras cuestiones que amplían el foco de la investigación. En concreto, ha afirmado que se celebró una reunión en la que participaron el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, así como Koldo García, entonces asesor ministerial. Según su versión, el encuentro se celebró con el objetivo de explorar la posibilidad de obtener depósitos fiscales en el archipiélago canaria para determinadas operaciones del sector.

El empresario ha explicado al juez que acudió a esa reunión acompañado de Manuel Salles, también investigado en la causa. Pero ha insistido en desvincular ese encuentro de la actividad de Villafuel y ha recalcado que la iniciativa sobre los depósitos fiscales finalmente no prosperó, por lo que no llegó a materializarse ningún proyecto concreto.

El avance de la investigación policial con una semana clave de declaraciones

Esta declaración se produce en una semana especialmente intensa en los juzgados de la Audiencia Nacional. Además de a Aldama, el magistrado instructor ha citado a numerosos investigados y testigos, y entre ellos figuran Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que en su momento ejercieron como jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. También han comparecido Carmen Pano y su hija, Manuel García, director general de Política Energética y Minas, el propio Manuel Salles y, en una sesión posterior, Álvaro Gallego, relacionado con una retirada de 108.500 euros en efectivo.

Asimismo, la UCO ha ido perfilando el presunto entramado delictivo. En uno de sus últimos informes, los agentes señalaron al empresario Claudio Rivas, que se acogió a su derecho a no declarar como investigado, como uno de los supuestos cabecillas de la trama junto a Aldama. Ambos, según la Guardia Civil, “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”.

La investigación apunta a que la red no solo habría logrado introducirse en los niveles más altos del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, sino que también habría extendido su influencia a otros departamentos estratégicos del Gobierno, como Industria, Comercio y Turismo, y Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ambos estaban entonces bajo la responsabilidad de Reyes Maroto y Teresa Ribera.

De acuerdo con el informe policial, esa penetración institucional se habría producido a través de Aldama, descrito como “persona con acceso al entorno” de Ábalos. El objetivo último, siempre según la Guardia Civil, habría sido “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.

Con información de Europa Press.