La alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdaro, se convertirá en diputada del Congreso tras la renuncia al acta del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. González, que concurría en las listas del PSOE por Valencia, ocupará el escaño una vez culminen los trámites ante la Junta Electoral Central, activados este miércoles tras la validación formal de la renuncia por parte de la Mesa de la Cámara baja.
La futura diputada llega al Congreso con un antecedente llamativo. En abril de 2021, González Herdaro dio positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía Local de Valencia. La alcaldesa aceptó entonces una sanción administrativa consistente en una multa de 960 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses, sin que los hechos derivaran en una condena penal.
Tras conocerse aquel episodio, el PSPV-PSOE abrió un expediente informativo para analizar lo sucedido y valorar sus posibles consecuencias políticas. Según han confirmado a EFE fuentes cercanas a González, el procedimiento interno fue archivado, al entenderse que la responsabilidad había quedado saldada con la sanción asumida. Desde su entorno insisten en que se trata de un asunto “amortizado” y recuerdan que, pese a la repercusión mediática inicial, no tuvo consecuencias posteriores en su carrera política.
El respaldo electoral a González Herdaro
El incidente no impidió que González Herdaro volviera a presentarse a las elecciones municipales ni que obtuviera el respaldo mayoritario de sus vecinos. En los comicios de 2023 revalidó la alcaldía de Llaurí, un resultado que en su entorno interpretan como una ratificación de su gestión y de su figura pública, incluso después de un episodio que generó críticas y atención mediática.
Licenciada en Derecho por la Universitat de València, Ana María González es militante del PSOE desde 1995 y ha desarrollado una carrera política estrechamente vinculada al ámbito local y orgánico del partido. En la actualidad es alcaldesa de Llaurí y secretaria general del PSPV-PSOE en este municipio de la Ribera Baixa, además de acumular una amplia lista de responsabilidades internas.
Entre sus cargos orgánicos figuran la secretaría de Política Autonómica y de Apoyo a los grupos en la oposición de la Comisión Ejecutiva Provincial, la pertenencia al Comité Nacional del PSPV-PSOE y su integración en la ejecutiva provincial en el área de formación y como adjunta a Organización. Desde agosto de 2023 ejerce también como asesora del grupo socialista en la Diputación de Valencia.
Fuentes próximas a la alcaldesa señalan a EFE que aceptará el acta de diputada, una condición que consideran “totalmente compatible” con el ejercicio de la alcaldía. La compatibilidad entre cargos locales y nacionales está permitida por la normativa, aunque suele generar debate sobre la acumulación de funciones y la dedicación efectiva a cada responsabilidad.
Está previsto que González Herdaro pueda tomar posesión del escaño en el primer pleno que se celebre tras completarse los trámites electorales, fijado para el 11 de febrero, siempre que la Junta Electoral Central haya expedido a tiempo la credencial correspondiente. Su incorporación permitirá al PSOE recuperar un acta por Valencia que, hasta ahora, no estaba integrada en su grupo parlamentario.
La renuncia de Ábalos, ya efectiva
El relevo se produce tras la renuncia formal de José Luis Ábalos a su acta de diputado por Valencia. El exministro presentó este miércoles su escrito ante la Mesa del Congreso, que se reunió de forma telemática para calificarlo, haciendo efectiva la renuncia desde ese mismo momento y comunicándolo a la Junta Electoral Central.
Ábalos había abandonado la bancada socialista el 27 de febrero de 2024 y formaba parte del Grupo Mixto, aunque ya estaba suspendido de sus funciones parlamentarias después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento tras la aprobación del suplicatorio. Esta decisión implicó la retirada inmediata de sus derechos y deberes como diputado, así como de las prerrogativas económicas y profesionales vinculadas al escaño.
En un comunicado difundido en redes sociales, el exministro explicó que su decisión llega tras el rechazo del Supremo a su recurso contra la prisión provisional y la suspensión de su inmunidad parlamentaria aceptada por el Congreso el pasado mes de enero. Ábalos, que afronta un proceso judicial por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, aseguró que su actividad estará centrada en ejercer su derecho de defensa y en sostener su inocencia, poniendo fin así a una etapa parlamentaria de siete legislaturas consecutivas iniciada en 2009.
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