CEAR apunta a la ola xenófoba en Europa como causa del retraso en la regularización de migrantes: “Ha condicionado de forma muy negativa”

La regularización extraordinaria de personas migrantes pactada entre PSOE y Podemos permitirá que unos 500.000 extranjeros que ya vivían en España puedan obtener permiso de trabajo y puedan acceder a otros derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. La medida ha sido aprobada este martes por el Gobierno a través de un real decreto y el Ejecutivo prevé que las solicitudes puedan presentarse a partir de principios de abril, en un proceso que permanecerá abierto hasta el 30 de junio de este año.

Esta regularización tiene su origen en una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por el propio movimiento migrante y que llegó al Congreso en abril de 2024 tras reunir más de 600.000 firmas para exigir soluciones a quienes viven sin papeles. Aunque la ILP fue admitida a trámite, ha permanecido bloqueada por el desacuerdo político durante más de año y medio. Precisamente por ese recorrido frustrado y por el auge de discursos xenófobos y reaccionarios en toda Europa, el director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, subraya en esta entrevista con Infobae la importancia de la medida: “No solo desbloquea una situación injusta, sino que beneficia al conjunto de la sociedad, porque normaliza una realidad que llevaba demasiado tiempo en un limbo”.

- Pregunta: ¿Por que es importante la nueva regularización extraordinaria de personas migrantes, que ha salido adelante tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos?

- Respuesta: Es importante para el movimiento ciudadano y social que impulsó [a finales de 2022] una iniciativa legislativa popular (ILP) para tramitar la regularización, porque no es sencillo articularla, y al final, que haya sido el Gobierno el que ha activado la alternativa del real decreto, es un paso muy importante de respeto a este mecanismo de participación directa de la ciudadanía. Por eso nosotros lo valoramos muy favorablemente. Nos hubiera gustado que hubiera sido en el Congreso, pero la correlación de fuerzas lo hacía muy complicado y estaba bloqueado. En todo caso, que se aborde el contenido es un paso adelante que era imprescindible. Se trata de dar respuesta a una situación que es injusta, la de miles de personas que tienen normalizada su vida en España pero que no tienen su documentación ajustada.

P: Se trata, precisamente, de personas que ya trabajan y residen en España, pero que no cuentan con derechos reconocidos por su situación administrativa irregular.

R: Efectivamente. En la legislación ordinaria ya existen mecanismos de regularización permanente que son importantes y que hay que mantener siempre en activo, pero por las deficiencias del propio sistema se arrastra a un grupo de personas que están en la irregularidad administrativa y que hacían necesaria una medida extraordinaria como esta.

P: ¿Consideras que esta cifra de medio millón de personas es realista o se queda corta respecto a la población migrante en situación irregular que podría haber en España, ya que según estimaciones de Funcas hay unas 840.000 extranjeros en esta situación?

R: No me atrevo a hacer una afirmación ni en un sentido ni en otro. Creo que lo importante es que la Administración sea capaz de dar una respuesta ágil, que creo es la clave de este proceso, porque estamos hablando de un número considerable de personas.

P: ¿Qué impacto inmediato va a tener la medida en la vida de quienes se encuentran en situación irregular?

R: Supone dar seguridad jurídica a todas personas que intervienen con estos migrantes, tanto para quienes contratan como para quienes tienen una relación cotidiana con ellos. También supone una normalización del pago de las cotizaciones y evitar la tentación, siempre permanente, de la economía sumergida. Las personas migrantes podrán contar con la documentación que les acredita como residentes en España. Se trata de una regularización de la convivencia en todos los aspectos. Creo, en definitiva, que la regularización beneficia al conjunto de la sociedad, porque normaliza algo que ya existía y que llevaba mucho tiempo en un limbo.

P: Esta es la séptima regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular que se produce en España, ya que tanto gobiernos del PP como los del PSOE han dado luz verde a este tipo de medidas desde los años 80. ¿Por qué esta vez ha costado tanto que salga adelante la medida?

R: Si uno analiza la evolución del mercado de trabajo, lo que sin duda ha quedado acreditado con las otras regularizaciones es que cuantos más migrantes ha habido en España, mejor comportamiento ha tenido la economía y el propio mercado laboral. Y esto desmiente ese discurso que se traducía popularmente en la frase de “nos roban el trabajo”, cuando eso no se ajusta a la realidad estadística de la evolución económica y del mercado laboral en España. Sin necesidad de utilizar el argumento utilitarista, es simplemente lo que constatan las cifras: mientras se ha incrementado el número de llegadas de migrantes, mayor es el índice de ocupación y menor es el porcentaje de desempleo en España. Es una evidencia estadística. Hay una demanda de trabajadores y la sociedad responde adecuadamente a esa demanda, ya que está en mejores condiciones para desarrollarse, y eso lo estamos viendo en nuestro entorno.

Esta nueva regularización extraordinaria ha tardado tanto porque hay una ola xenófoba reaccionaria en toda Europa que está condicionando de manera muy negativa. Las políticas xenófobas no solo deterioran la convivencia social, sino que, además, son un perjuicio para el conjunto de las sociedades, porque introduce unos elementos de rigidez que no tienen que ver con las auténticas causas de los desplazamientos de población, que en su inmensa mayoría son debidos a motivos económicos. [Con la regularización] España está adoptando políticas de integración, está ganando como sociedad, y eso se está acreditando con las cifras, si se hace una comparación con los países de nuestro entorno.