Absuelto el exdirector de Seguridad de Adif y condenado el maquinista del Alvia trece años después del descarrilamiento en Angrois que dejó 80 muertos y 143 heridos

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló en Angrois, a las puertas de Santiago de Compostela, al entrar en una curva a una velocidad excesiva. El accidente dejó 80 muertos y 143 heridos. El propio maquinista reconoció desde el primer momento que se había despistado en un tramo peligroso, cuyo riesgo ya había sido advertido por los conductores sin que se modificara la señalización. La reducción de velocidad necesaria para tomar la curva de A Grandeira, de 200 a 80 kilómetros por hora, no estaba respaldada por el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), por lo que toda la responsabilidad recaía sobre quien conducía el tren.

Tanto el maquinista como el exdirector de seguridad fueron considerados responsables en un principio

La sentencia dictada en julio de 2024 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela atribuyó el descarrilamiento a dos factores: la desatención del maquinista tras atender una llamada del interventor y la ausencia de medidas de seguridad suplementarias en el tramo crítico.

Por estos motivos, el tribunal consideró culpables tanto al maquinista, Francisco Garzón, como al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y los condenó a dos años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio - uno de los muertos falleció más tarde por una enfermedad grave que el accidente agravó - y 143 de lesiones por imprudencia grave. Sin embargo, 52 víctimas, una asociación de perjudicados, Fiscalía, Adif, Renfe, dos aseguradoras y los propios condenados presentaron recurso contra el fallo.

Durante los años posteriores al accidente, las víctimas recibieron en su mayoría compensaciones adelantadas por las aseguradoras, aunque el proceso judicial se fue alargando. El juicio llegó en otoño de 2022, tras una instrucción que acumuló un extenso sumario y sucesivas imputaciones y desimputaciones de cargos de Adif y Renfe. Finalmente, solo el maquinista y el responsable de seguridad se sentaron en el banquillo.

Las víctimas, a través de plataformas y asociaciones, pusieron el acento en la cadena de decisiones que permitió la entrada en funcionamiento de la línea y en las condiciones de seguridad vigentes. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) asumió la parte técnica, aunque recibió críticas por incluir a personal vinculado a las empresas implicadas.

Garzón se sabe responsable, pero no el único

En 2024, Francisco Garzón apareció en televisión por primera vez tras el juicio, concretamente en el programa Salvados, decía, “por las víctimas, para que haya justicia”. Durante la entrevista, reconoció su responsabilidad en el exceso de velocidad, aunque insistió en que no fue el único responsable del accidente. “La curva era jodida, era de 80 y venías de 200. (...) Yo pedí que pusieran una baliza. Se lo dije de palabra, ese fue mi fallo. Si lo hubiera hecho por escrito, se hubieran pillado más los dedos”, lamentaba recordando el instante previo al descarrilamiento.

Sobre el momento del siniestro, Garzón admitió: “Me desubicó la llamada del interventor”. Consideró que ese fue el detonante, junto a la falta de señalización y a la ausencia de un sistema de seguridad automático que frenara el tren. Relató que, tras el descarrilamiento, fue trasladado al hospital en coche patrulla, no en ambulancia, y que dos policías custodiaron la puerta de su habitación hasta que fue detenido frente a su madre. No recibió visitas oficiales, a diferencia de otras víctimas, y recordó: “Pasó el rey de largo por delante de mí en el hospital”. Mientras tanto, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció su detención en una rueda de prensa.

Garzón denunció también la presión mediática: “A uno de la ETA le ponen las iniciales; a mí, casi publican mi DNI”, comentó en la entrevista, relatando que tuvo que esconderse de los periodistas y que toda su información personal se hizo pública incluso antes de salir del tren.

El programa recogió además testimonios de víctimas y supervivientes, como el de Jesús Domínguez, quien viajaba con su mujer y sus dos sobrinas. Domínguez sostuvo que “que en un tren de alta velocidad el maquinista era el único responsable era un insulto a la inteligencia”. Tanto él como otros afectados defendieron que el accidente no fue solo consecuencia de un error humano. Domínguez aludió a un “pacto de la curva”, un supuesto acuerdo entre los dos principales partidos, “que lo hicieron Rubalcaba y Ana Pastor”, según citó a un periodista gallego.

Teresa Gómez-Limón, exdiputada del PP y también víctima, recordó en el programa cómo sufrió presiones tras criticar a Renfe y Adif. “Me llamó Rafael Catalá y estuvo lamentable”, rememoró. Frente a las críticas por contar su experiencia, Gómez-Limón respondió: “He estado a punto de morirme, he visto cuerpos despedazados, muertos a mi alrededor, lo que le pase al PP me importa una mierda”. También mostró su indignación por los comentarios de Catalá sobre los intereses económicos en medio de la tragedia: “Que estando los cadáveres calientes este hombre hable de los ‘negocios de España...’”.

El abogado del maquinista, Manuel Prieto, intervino en el reportaje aportando datos técnicos. Explicó que, en el tramo donde ocurrió el accidente, se había desconectado un sistema de frenado automático que podría haber evitado el siniestro, decisión tomada para evitar retrasos por incompatibilidades técnicas. Destacó que un jefe de maquinistas había advertido sobre el riesgo a las dos semanas de abrirse la línea, inaugurada a toda prisa por motivos electorales.

En cuanto a Andrés Cortabitarte, exjefe de seguridad de Adif y también condenado en la sentencia, Prieto explicó: “Él certificó, como experto, que la baliza controlaría la velocidad del tren en la curva y, evidentemente, en la línea Ourense-Santiago no estaba puesta ninguna baliza”.

El nombre de Cortabitarte pasó desapercibido en los primeros momentos del caso, pero el trabajo de las víctimas y del abogado del maquinista dificultó que la investigación se cerrase atribuyendo toda la responsabilidad al conductor, aunque finalmente y a pesar de todo ha sido absuelto.

Condena al maquinista y absolución del exdirector de Seguridad

La Audiencia Provincial de A Coruña notificó la sentencia definitiva sobre el accidente del Alvia, que confirma la condena al maquinista e impone dos años y seis meses de prisión como responsable de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones, todos por imprudencia grave. La sala absuelve, en cambio, al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, revocando parcialmente el fallo inicial.

El tribunal estima los recursos presentados por el Ministerio Fiscal, Adif, su aseguradora y el exdirectivo, y confirma la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista. La aseguradora QBE deberá abonar más de 22 millones de euros en indemnizaciones, con cerca de 12 millones destinados a los familiares de las víctimas mortales y unos 10 millones para los heridos. El fallo también incorpora la reforma del baremo de tráfico de 2015, ampliando el número de familiares indemnizables y aumentando en la mayoría de los casos las cuantías reconocidas a las víctimas.

La sala detalla que el maquinista incurrió en una imprudencia grave al “mantener una llamada totalmente innecesaria” mientras conducía a 200 km/h, lo que le llevó a incumplir la obligación de reducir la velocidad a 80 km/h en el tramo donde se produjo el descarrilamiento. El tribunal subraya que “ni atendió la documentación en cabina ni prestó atención a la vía, siendo múltiples las señales de carácter visual y acústico que desatendió de forma continuada”.

Añade que, durante la llamada, el conductor accionó varias veces el pedal de hombre muerto, lo que impidió que se activara el freno de emergencia. La Audiencia Provincial descarta que existiera un déficit de formación o defectos en la señalización y sostiene que la desconexión del ERTMS no tuvo incidencia causal en el accidente, ya que ese sistema no estaba presente en el tramo donde se produjo el siniestro.

Sobre la absolución del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, la sala concluye que no puede atribuirse responsabilidad penal, ya que no se acreditó que hubiera omitido una acción concreta que debiera realizar, ni que su labor lo situara como garante específico del riesgo. Además, el tribunal considera que las decisiones adoptadas estaban en línea con los estándares técnicos nacionales y europeos vigentes en el momento.

El fallo rechaza la atenuante de dilaciones indebidas, recordando que la duración del proceso se debió a la práctica de diligencias y recursos solicitados por las partes. Tampoco acepta la atenuante de confesión ni de reparación del daño, señalando que “las únicas entregas recibidas por las víctimas por las consignaciones efectuadas por la aseguradora no han supuesto esfuerzo alguno para el acusado”.

La sentencia, de 268 páginas, es firme y no admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Incluye un voto particular de una de las magistradas, que discrepa de la absolución del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif. Según la magistrada, “existía una obligación de valorar correctamente el riesgo y no se hizo”, y el acusado “asumía una posición de garante” respecto a la seguridad del tramo. Además, sostiene que la ubicación de la curva implicaba un peligro conocido que no contaba con protección técnica suficiente.

La resolución del caso llega trece años después del accidente, tras un largo proceso judicial y de investigación que movilizó a víctimas, familiares y entidades públicas; y cinco días después del primer accidente de la Alta Velocidad de España. El fallo final marca el cierre de una de las causas más complejas y mediáticas de la historia ferroviaria reciente en España.