La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración como testigos protegidas a las dos mujeres que han denunciado al cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, trata de seres humanos y abusos laborales. La decisión se ha conocido este miércoles durante una rueda de prensa telemática ofrecida por Women’s Link y Amnistía Internacional, en la que ambas organizaciones han explicado el contenido de la denuncia y el marco en el que se sitúa el caso.
La medida, solicitada por la defensa de las denunciantes, responde a la combinación de una situación de especial vulnerabilidad socioeconómica y al poder e influencia del denunciado, según han señalado las responsables jurídicas de Women’s Link. La Fiscalía ya ha incoado diligencias de investigación penal preprocesales, que tienen carácter reservado y cuyo objetivo es determinar si los hechos denunciados tienen entidad suficiente para dar lugar a un procedimiento penal ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha indicado que no facilitará más detalles “en aras de la protección prioritaria de las presuntas víctimas”.
Las denunciantes, identificadas como Rebeca y Laura, son una empleada de hogar y una fisioterapeuta que trabajaron en el entorno del cantante en sus residencias del Caribe entre 2020 y 2021. Sus testimonios fueron publicados por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias y describen una situación de acoso y control constante, con tocamientos, insultos y humillaciones durante la jornada laboral.
Durante la comparecencia de este miércoles, la directora ejecutiva de Women’s Link, Jovana Ríos Cisnero, ha subrayado la importancia de que la Fiscalía haya accedido a escucharlas bajo la figura de testigos protegidos. “Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y Laura”, ha afirmado. Ríos ha confirmado además que la organización ha sido contactada por otras mujeres que aseguran haber trabajado para el denunciado y relatan experiencias similares, aunque ha evitado facilitar más información por motivos de protección.
Un contexto de intimidación y sometimiento
Las miembros de Women’s Link han descrito los hechos relatados por las denunciantes como un patrón de intimidación sostenida. “Los hechos que relatan son en un contexto de intimidación y delante de sus jefas”, ha explicado Gema Fernández, responsable jurídica de la organización. Según la asociación, las mujeres describen una situación de sometimiento que llegaba a rozar “la esclavitud”, con agresiones sexuales explícitas, incluidas penetraciones, acompañadas de insultos y humillaciones.
A ese clima se sumaba un control continuo sobre su vida cotidiana. Las denunciantes aseguran que se les exigía mostrar el contenido de sus teléfonos móviles, que tenían prohibido abandonar la residencia sin permiso y que incluso eran obligadas a someterse a exámenes médicos y ginecológicos, como publicó elDiario.es. Para Women’s Link, estos informes son “un indicio de la imposición de condiciones laborales abusivas” que refuerza la credibilidad de los testimonios.
La organización considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, acoso sexual y delitos contra los derechos de los trabajadores, aunque será la Fiscalía quien determine la calificación jurídica definitiva.
Un caso que se repite en muchos países
Amnistía Internacional ha respaldado públicamente a Women’s Link y ha insistido en que lo ocurrido no debe interpretarse como un episodio aislado. Su responsable de investigación en España, Virginia Álvarez, ha afirmado que este tipo de situaciones responden a “estructuras laborales montadas sobre la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible”. En su opinión, las políticas migratorias vigentes en “muchos países” contribuyen a que la vida y el futuro de estas mujeres “dependan de los empleadores”.
Álvarez ha señalado que la mayoría de las víctimas de estos abusos son mujeres migrantes, racializadas y procedentes de contextos de pobreza, lo que incrementa su vulnerabilidad y dificulta que puedan denunciar sin temor a perder su trabajo o su estatus migratorio.
La vía judicial en España
Women’s Link ha explicado que la denuncia se ha presentado en España al amparo del principio de extraterritorialidad, al tratarse de un ciudadano español y de hechos que, a su juicio, constituyen violaciones de derechos humanos. La organización confía en que la Audiencia Nacional confirme su competencia para investigar los hechos ocurridos en el extranjero.
El procedimiento se encuentra aún en una fase preliminar. Según ha detallado Gema Fernández, la Fiscalía dispone de seis meses, ampliables otros seis, para llevar a cabo las diligencias preprocesales y decidir si presenta querella. En caso de que se archive la investigación, las denunciantes podrían ejercer la acusación particular. Por ahora no hay fecha prevista para su declaración, que podría realizarse por vía telemática para reforzar su protección.
Women’s Link ha precisado que la denuncia ha sido presentada por la propia organización, no directamente por las víctimas, como parte de una estrategia de protección y acompañamiento legal. Rebeca y Laura llegaron a la entidad tras ser recomendadas por las periodistas que investigaban su caso. Según ha relatado Ríos, Laura expresó a la organización que su objetivo es que “ninguna mujer vuelva a sufrir abusos” por parte del cantante y que “no somos culpables”.
Acompañada por Amnistía Internacional, la organización ha subrayado que espera que el caso no solo tenga recorrido penal, sino que sirva para “remover conciencias” y visibilizar la precariedad y la violencia a la que se enfrentan muchas trabajadoras domésticas en contextos similares.