Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su intención de reformar el suplicatorio como parte de su agenda si el PP llega al poder. Lo hizo este fin de semana, con un discurso en el que vinculó directamente ese mecanismo parlamentario con lo que considera una deriva de “impunidad” para cargos públicos aforados y, en particular, con la forma en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha gestionado sus conflictos con la justicia. En la tesis de Feijóo, la regulación vigente permite que una mayoría parlamentaria bloquee investigaciones judiciales y, en la práctica, convierta una decisión política en un cortafuegos frente a los tribunales.

El planteamiento no es menor. El suplicatorio es una pieza clave del sistema de garantías que rodea a diputados y senadores, y su reforma afectaría al delicado equilibrio entre el poder legislativo y el judicial. La propuesta del PP apunta a un cambio de calado: que la negativa de una Cámara a autorizar un suplicatorio no tenga como efecto automático el sobreseimiento definitivo y el archivo de una causa penal, de modo que el procedimiento pueda reactivarse cuando el parlamentario deje de estar aforado. Con ello, Feijóo busca evitar —según sus propias palabras— que un escaño sirva como refugio para eludir responsabilidades penales.

Para entender el alcance de la discusión conviene recordar qué es, exactamente, un suplicatorio. En España, los diputados y senadores gozan de inmunidad parlamentaria mientras ejercen su mandato. Esa inmunidad no los hace intocables, pero sí establece un filtro: si un juez quiere investigarlos, imputarlos o procesarlos por un delito que no sea flagrante, debe pedir permiso a la Cámara a la que pertenecen. Esa solicitud formal es el suplicatorio.

El fundamento de este sistema es histórico y constitucional. La inmunidad nació para proteger la función representativa frente a posibles abusos del poder judicial o del ejecutivo. En otras palabras, para impedir que un parlamentario sea apartado de su cargo o acosado judicialmente por razones políticas. En una democracia parlamentaria, se entiende que quien representa a los ciudadanos debe poder ejercer su labor sin miedo a represalias encubiertas bajo la apariencia de procesos penales.

El procedimiento está reglado. Cuando un juez —habitualmente el Tribunal Supremo en el caso de aforados— considera que hay indicios suficientes contra un diputado o senador, remite la petición a la presidencia del Congreso o del Senado. Esta la envía a la comisión correspondiente, que estudia el caso, escucha al afectado y eleva un dictamen al pleno. Es entonces cuando todos los parlamentarios votan si conceden o no la autorización. Si se concede, el juez puede continuar el proceso como con cualquier otro ciudadano; si se deniega, la legislación vigente obliga a archivar la causa de manera definitiva respecto al parlamentario afectado

El nudo político

Es precisamente ese último efecto el que Feijóo quiere corregir. El líder del PP sostiene que, en la práctica, la negativa a un suplicatorio ha servido en algunos casos para congelar investigaciones de forma irreversible, porque el archivo que impone la ley impide reabrir la causa incluso cuando el parlamentario pierde su condición de aforado. Desde su punto de vista, el sistema actual permite que una mayoría coyuntural en el Congreso o en el Senado decida quién puede o no ser investigado, algo que, a su juicio, desnaturaliza la igualdad ante la ley.

En su discurso, Feijóo ligó esta crítica a una denuncia más amplia contra lo que llama el “sanchismo”, un término con el que agrupa tanto la acción del Gobierno como la de sus aliados parlamentarios. Para el dirigente popular, la reforma del suplicatorio es una pieza más de una agenda de “regeneración democrática” que incluiría, entre otras cosas, limitar los aforamientos y reforzar la independencia judicial. La idea central es clara: ningún cargo público debería poder parapetarse tras su condición de parlamentario para esquivar a los tribunales.

Qué cambiaría una reforma

La propuesta concreta del PP pasa por desvincular la decisión parlamentaria del destino final de la causa penal. En lugar de un “sí” o un “no” que hoy puede cerrar definitivamente una investigación, la Cámara podría limitarse a autorizar o no la actuación judicial mientras dure el mandato, sin que esa negativa implique el archivo irreversible del procedimiento. Si el suplicatorio se denegara, el juez tendría que esperar a que el aforado dejara su escaño para continuar, pero la causa no quedaría legalmente extinguida.

Este matiz es técnicamente relevante. Hoy, la negativa a un suplicatorio conduce al sobreseimiento y archivo definitivo de la causa, lo que impide retomarla aunque el diputado o senador deje su acta. En la práctica, eso significa prescripciones, pérdida de impulso procesal y una sensación de que el paso por el Parlamento tiene efectos jurídicos irreversibles. La reforma que plantea Feijóo trataría de evitar ese resultado.

No está claro, sin embargo, cómo encajaría ese cambio en el marco constitucional actual ni qué mayorías serían necesarias para llevarlo a cabo. La inmunidad parlamentaria está recogida en la Constitución, aunque su desarrollo depende de leyes orgánicas y de los reglamentos de las Cámaras. Cualquier modificación sustancial abriría un debate jurídico de alto voltaje y, previsiblemente, una batalla política en un Parlamento fragmentado.