
Este domingo los extremeños acudirán a las urnas para elegir a su nuevo presidente o presidenta, tras la decisión de María Guardiola (PP) de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas. Con la vivienda como uno de los principales problemas de Extremadura, los distintos partidos han presentado medidas concretas en sus programas electorales para hacer frente a la situación crítica, que afecta principalmente a las familias más vulnerables y a los jóvenes.
Según los datos del último sondeo del CIS, el Partido Popular parte con ventaja, alejándose del PSOE, que teme que los escándalos del partido a nivel nacional y de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, provoquen un trasvase de votos hacia la candidatura de Irene de Miguel, cabeza de lista de Unidas por Extremadura.
Entre las distintas propuestas del partido morado para la siguiente legislatura cabe destacar sus medidas para revertir el problema de la vivienda en la región. La formación considera que “se ha convertido en un asunto de emergencia social”, y denuncia que “los problemas de acceso están condicionando los proyectos de vida de miles de personas”. Por ello, proponen un paquete que “requiere el incremento de la inversión pública, la intervención del mercado para frenar la especulación y la aplicación de medidas fiscales que premien el acceso a la primera vivienda”.
Topar el precio del alquiler y aumentar el parque público
Entre las propuestas más destacadas, Unidas por Extremadura plantea la promoción de al menos 5.000 viviendas de Protección Oficial durante la legislatura, en colaboración con los ayuntamientos mediante la cesión de suelo, y a un precio máximo de 80.000 euros. Además, la formación apuesta por declarar “mercado tensionado en todas las zonas de Extremadura que reúnan los requisitos”, lo que permitirá topar el precio del alquiler en ciudades y localidades como Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia o Trujillo. El objetivo es que “ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos a vivienda”.
Unidas propone también un “incremento significativo” del Parque Público de alquiler asequible de la Junta, que se constituirá tanto mediante promoción pública como por compra o acuerdos de cesión de propietarios privados. El programa plantea un “blindaje” para evitar la pérdida de este tipo de viviendas en el parque inmobiliario público. Asimismo, propone aplicar de forma efectiva el “principio de tanteo y retracto para la adquisición preferente de viviendas por parte de la administración autonómica”, lo que permitirá a la Junta adquirir propiedades antes de que pasen a manos privadas.
Impuesto a grandes tenedores y ayudas a las familias
El programa contempla el “refuerzo de las ayudas públicas para hipoteca y alquiler para la garantía del derecho a la vivienda”, con el objetivo de que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos a este fin. Además, se facilitará el acceso a créditos hipotecarios en condiciones justas, “no condicionadas por los márgenes de beneficio de las entidades privadas, a través del Banco Público Extremeño”.
La formación que encabeza De Miguel propone también una “nueva política fiscal que premie la adquisición de primera vivienda y grave la especulación y el acaparamiento de vivienda”. Esto se traducirá en una bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de primera vivienda y un aumento al 20% para los grandes tenedores, así como la creación de un nuevo impuesto para grandes tenedores de viviendas vacías.
Además, el programa incluye la “garantía habitacional a las víctimas de violencia machista”, asegurando un parque público para todas las situaciones de emergencia habitacional, y se comprometen a elaborar una “Ley de vivienda que refunda todas las normas actualmente dispersas donde se recoja las garantías del derecho fundamental a la vivienda”, regulando el alquiler de temporada, el turístico y la garantía de no destinar más del 30% de los ingresos a vivienda, entre otros asuntos.
La rehabilitación de viviendas frente a la nueva construcción
Otro de los puntos destacados del programa morado para las elecciones de Extremadura de este domingo es la prioridad a la rehabilitación de viviendas frente a la construcción de obra nueva, promoviendo “la intervención en inmuebles existentes por encima de la promoción de nuevas viviendas” incentivando así las mejoras en eficiencia energética, la instalación de sistemas basados en energías renovables, el fomento del autoconsumo de los hogares y usuarios, así como otras mejoras relacionadas con la habitabilidad, y en concreto “el cumplimiento de los requisitos básicos de accesibilidad”.

El partido propone impulsar programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, con especial incidencia en colectivos vulnerables y zonas rurales. Además, se activará un “proyecto de captación y rehabilitación de viviendas actualmente deshabitadas en los núcleos de pequeñas poblaciones rurales”, con el objetivo de revitalizar estas zonas y atraer nuevos vecinos.
Según recoge el programa, Unidas por Extremadura se compromete a llevar a cabo “un plan de ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas con un objetivo entre el 2% y el 3% anual hasta 2050”, en línea con la Hoja de Ruta de la Unión Europea, y a garantizar que “los afectados por el programa RR345 -una serie de subvenciones en materia de rehabilitación y vivienda social- cobren las ayudas con cargo a fondos propios”.
Con este conjunto de propuestas, Unidas por Extremadura busca que la administración regional “se ponga del lado de la gente, garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna”, apostando por la intervención pública, la regulación del mercado y la protección de los colectivos más vulnerables para atraer al votante socialista y obtener así un buen resultado electoral, que le daría una mayor presencia en la Asamblea de Extremadura.
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