
Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, ha sido detenida este miércoles por orden del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid en una operación en la que también ha sido arrestado el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero. Ambos arrestos se enmarcan en una causa relacionada con contratación pública bajo sospecha que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción.
Tras su detención, ambos permanecen en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos. Fuentes conocedoras del caso citadas por la agencia EFE aseguran que las diligencias se encuentran bajo secreto sumarial y que la operación continúa abierta, por lo que no han trascendido, por el momento, detalles concretos sobre los hechos investigados.
Ambos arrestos, por tanto, se producen en el marco de esta causa de la Audiencia Nacional, distinta de la investigación que instruye un juzgado de Madrid contra Leire Díez por otros hechos. No obstante, ambas investigaciones confluyen ahora en el tiempo.
Leire Díez, exempleada de la empresa pública Correos, dependiente de la SEPI, presentó públicamente sus actuaciones como parte de una supuesta investigación periodística. Sin embargo, en la causa que se sigue en su contra consta la grabación de una reunión con el fiscal Ignacio Stampa en la que se define a sí misma como “mano derecha” de Santos Cerdán y como “la persona que ha puesto el PSOE” para investigar posibles irregularidades.
La imputación de Leire Díez por otra causa en Madrid
Al margen de la operación por contratos públicos bajo sospecha, Leire Díez se encuentra imputada en una causa distinta que instruye el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. En ese procedimiento, el juez investiga supuestas maniobras dirigidas contra la Fiscalía y contra altos mandos de la Guardia Civil con las que, según la tesis del instructor, habría tratado de malbaratar investigaciones judiciales en curso.
Díez, de 52 años y natural de Bilbao, es considerada por el ministerio público como el epicentro de un supuesto “plan delictivo” dirigido a “desacreditar” a la cúpula de la Guardia Civil y a responsables de la Fiscalía Anticorrupción. Según la investigación, ese plan tendría como objetivo final “anular” causas judiciales que “afectan a políticos y empresarios”.
Las diligencias abiertas en Madrid se apoyan en una serie de contactos, gestiones y conversaciones que están siendo analizadas por el juzgado. La investigación trata de determinar si esas actuaciones podrían encajar en los tipos penales de cohecho y tráfico de influencias, al apreciar un posible uso de la capacidad de intermediación de la ‘fontanera’ del PSOE para tratar de influir en procesos judiciales sensibles.
El juzgado instructor mantiene abiertas las diligencias mientras continúa la práctica de pruebas para esclarecer el alcance real de los hechos y si la exmilitante socialista actuó de manera individual o dentro de una red de colaboración más amplia.
La trayectoria de Vicente Fernández Guerrero

En el mismo operativo desarrollado este miércoles ha sido detenido Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, únicamente en el marco de la causa que instruye la Audiencia Nacional por contratos públicos bajo sospecha. Por el momento no ha trascendido su situación procesal exacta ni los delitos concretos que se le imputan en este procedimiento, debido al secreto sumarial decretado.
Fernández Guerrero accedió a la presidencia de la SEPI en 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, y cesó en el cargo un año después, en 2019. Tras abandonar la entidad pública, pasó a trabajar años más tarde en Servinabar, una de las sociedades vinculadas al denominado ‘caso Cerdán’, una causa relacionada con presuntas irregularidades en el ámbito de la contratación pública.
Además, el expresidente de la SEPI estuvo imputado en una causa instruida por la Audiencia de Sevilla por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), uno de los procedimientos judiciales más relevantes de los últimos años en Andalucía en materia de concesiones administrativas.
La versión pública de Leire Díez
Desde que su nombre comenzó a aparecer vinculado a las investigaciones judiciales, Leire Díez ha negado de forma reiterada haber cometido irregularidades. Ha defendido públicamente que su actuación se enmarca dentro de labores de activismo e investigación de las denominadas cloacas del Estado y que su actividad estaría dirigida a destapar presuntas disfunciones en el funcionamiento de determinadas estructuras del poder.
Este mismo miércoles, pocas horas antes de que trascendiera su detención, Díez participó en una entrevista televisiva en la que volvió a defender su papel. En esa comparecencia aseguró que su labor es la de una reportera de investigación y rechazó estar actuando de manera ilícita. “Parece que el activismo periodístico lo inventé yo”, afirmó en referencia a las acusaciones que pesan sobre ella.
La exconcejal ha sostenido también que las maniobras que se le atribuyen han sido sacadas de contexto y que su interés se limita a la obtención de información sobre actuaciones que considera irregulares. Su defensa mantiene que no existió intención alguna de influir en procedimientos judiciales ni de obtener beneficios personales a cambio.
No obstante, la Fiscalía considera que los indicios recabados hasta el momento en la causa de Madrid permiten sostener la imputación por cohecho y tráfico de influencias. Desde el PSOE, por su parte, se ha subrayado que Leire Díez ya no forma parte de la estructura del partido y que carece de responsabilidades orgánicas en la actualidad, desvinculando su actuación de la organización.
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