Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Las ordenanzas municipales contra los excrementos caninos llevan años endureciéndose en muchas ciudades españolas. Aceras manchadas, parques infantiles inutilizables y vecinos molestos. En ese contexto, algunas administraciones han dado un paso más y han apostado por un sistema de registro obligatorio del ADN de los perros, con el objetivo de identificar a los animales cuyos dueños no recogen las heces. Las sanciones asociadas no son menores: multas que pueden ir desde los 300 hasta los 10.000 euros.

La medida no ha tardado en generar polémica. En TikTok, el educador canino Alejandro Flores, conocido como @flores_educacion_canina, ha expresado su desacuerdo con este enfoque. Él mismo reconoce que sancionar a quien no recoge las cacas “está muy bien” y que la limpieza de los espacios públicos es una cuestión de convivencia básica. El problema, según explica, está en el camino elegido para lograrlo.

Flores critica que se obligue a todos los propietarios a registrar el ADN de su perro, asumiendo un coste económico adicional, independientemente de que sean responsables o no. “Yo recojo siempre las cacas de mi perro”, señala en uno de sus vídeos, “pero ahora me obligan a pagar un dinero extra por registrar su ADN, por si acaso”. Para el educador, el sistema parte de una lógica que castiga de forma preventiva al conjunto por el comportamiento de unos pocos.

Protocolo de identificación canina

El funcionamiento es relativamente sencillo. El dueño deberá llevar a su perro a un centro autorizado, donde se recogerá una muestra genética que quedará registrada en una base de datos municipal. Si un agente encuentra excrementos en la vía pública, puede enviarlos a analizar y cruzar el ADN con el registro. Si hay coincidencia, se localiza al propietario y se impone la sanción correspondiente. En teoría, es un método infalible.

Sin embargo, Flores pone en duda su eficacia real. A su juicio, “la gente que no recoge las cacas ahora probablemente seguirá sin hacerlo”, incluso con esta medida. Y añade una crítica de fondo diciendo que el sistema puede convertirse más en una herramienta recaudatoria que en una solución educativa. “Da la sensación de que hay que sacar dinero por todas partes”, apunta en tono crítico, una idea que ha calado entre muchos usuarios.

Desde su experiencia como educador canino, Flores defiende que el problema no se resuelve solo con multas más altas o controles más sofisticados. Insiste en la importancia de la educación cívica, tanto de los propietarios como del entorno. Recoger los excrementos no es solo una obligación legal, recuerda, sino una muestra de respeto hacia el resto de vecinos y hacia el propio animal. Sin ese cambio de mentalidad, sostiene, cualquier sistema coercitivo tiene límites.

El debate también plantea preguntas prácticas. ¿Qué ocurre con personas con menos recursos que no pueden asumir el coste del registro? ¿Hasta qué punto es proporcional una multa de miles de euros por una conducta incívica? Y, sobre todo, ¿quién acaba pagando realmente el precio del mal comportamiento de una minoría? “Control sí, pero con cabeza”, viene a resumir el educador.