
Parecía que la energía nuclear estaba destinada a desaparecer en España cuando se pactó su cierre escalonado en 2019. En aquel momento, Gobierno y empresas propietarias de los reactores acordaron que esta tecnología se iría desconectando de manera gradual hasta 2035. Pero ahora, su futuro vuelve a cuestionarse. Las dudas sobre la fiabilidad del sistema eléctrico, especialmente tras el apagón que dejó al país sin electricidad durante horas el pasado 28 de abril, han reabierto el debate público sobre la conveniencia de mantener operativas algunas plantas más allá de los plazos previstos.
Las compañías propietarias —Iberdrola, Naturgy y Endesa— han aprovechado este discurso y, desde hace meses, solicitan una prórroga del cierre, especialmente para Almaraz I, cuya parada está prevista en 2027. El Gobierno ya ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para que evalúe la extensión de la vida útil de esta planta, que tiene dos años de plazo para dar un veredicto. Además, otros países europeos, como Francia, Alemania o Bélgica, han revisado recientemente sus calendarios nucleares por motivos de seguridad del suministro.
Actualmente, nuestro país cuenta con siete reactores activos repartidos en cinco centrales: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). Su producción eléctrica ronda entre el 19%-20% del mix energético español, según datos de Red Eléctrica, lo que la convierte en una de las principales fuentes de generación estable y de baja emisión de carbono —aunque genere residuos radioactivos— tras las renovables, que ya generaron más del 56% de la electricidad total en 2024.
‘Pros’: estabilidad, costes marginales reducidos y bajas emisiones
Y, aunque la nuclear ocupa una menor cuota que hace décadas, su importancia no debe subestimarse. Aporta una generación de energía constante y predecible, con costes marginales (es decir, gastos adicionales) bajos una vez amortizada la central, lo que contribuye a estabilizar los precios de la electricidad frente a la variabilidad de las renovables. Según informes de la CNMC y de consultoras energéticas, la creciente penetración de la solar y la eólica han incrementado la volatilidad horaria de los precios, y eliminar la nuclear sin alternativas fiables podría aumentar la necesidad de recurrir a ciclos combinados de gas en momentos de escasez renovable, elevando las emisiones de CO₂ y los costes.
Por otro lado, la integración de la nuclear con las renovables tiene un carácter complementario. Tal y como explican desde la Cámara de Comercio de Valencia, la nuclear, al garantizar una generación estable, es capaz de suavizar los picos de producción de energía eólica y solar, que son tecnologías más inestables y que dependen de factores como la meteorología. Esto es relevante en un sistema donde las renovables ya cubren la mayoría del crecimiento de la demanda, y en el que debe rediseñarse la arquitectura del sistema eléctrico con más almacenamiento, mejor gestión de la demanda e interconexiones regionales.
‘Contras’: impuestos, gestión de residuos y modernización de las plantas
Sin embargo, mantener operativas las centrales más allá de la vida prevista exige modernización tecnológica, y el cumplimiento estricto de los requisitos del CSN y de las normas de seguridad radiológica y nuclear. Además, la gestión de residuos y el desmantelamiento de los reactores implica unos costes elevados, cuya financiación es objeto de debate entre empresas, administraciones regionales y el Gobierno central. A día de hoy, se cubre mediante la tasa Enresa, un impuesto específico que pagan las centrales nucleares y otros productores de energía nuclear, pero que las compañías responsables han pedido revisar.

Además, la decisión sobre la continuidad de la nuclear está estrechamente ligada a la transición energética. Sustituir los reactores por renovables exige instalaciones de almacenamiento energético y flexibilidad en la red, algo que ya se había contemplado al programar el fin de la vida útil de la nuclear. Mientras, su cierre prematuro podría poner en riesgo la seguridad del suministro y encarecer los precios eléctricos.
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