
Isabel Díaz Ayuso ha valorado este viernes la inhabilitación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado tras la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha resultado ganadora de un pulso personal y político que han dirimido los jueces. La filtración que ha hecho caer a García Ortiz afectaba a su pareja, Alberto González Amador, que recibirá una indemnización de 10.000 euros por daños morales.
Díaz Ayuso ya hizo una primera declaración este jueves, minutos después de que saltara la noticia, en la red social X, en español y en inglés: “Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular. En ese banquillo, según Pedro Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España".
24 horas después de conocerse la condena, la presidenta ha comparecido en la Puerta del Sol: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Estos hechos son propios de una dictadura. (...) Ha quedado demostrado que el Estado de derecho funciona pese a que quienes tenían que defender la ley se dedicaron a delinquir. Ayer, los ciudadanos vieron cómo la Justicia funciona incluso frente al uso interesado de las instituciones”.

“Experto en apagar incendios con gasolina”
“Hemos visto -ha continuado Díaz Ayuso- cómo un ciudadano particular -en referencia a González Amador- puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él, porque la revelación de secretos de un ciudadano por parte del fiscal general del Estado no solo ha vulnerado derechos fundamentales de un español, es que muestra la vulnerabilidad de los de todos”.
Para Díaz Ayuso, “el presidente del Gobierno ha decidido dinamitar la separación de poderes y erigirse en juez y parte”, pretendiendo -ha dicho- “imponer la sentencia del fiscal al Supremo”. Se pregunta “desde cuándo una democracia puede normalizar que el presidente utilice el poder del Estado de manera ilegal contra adversarios políticos”. Ha defendido que “nadie, ni de lejos, debe sentir el aliento del poder político en su labor diaria”.
Por último, ha acusado a Sánchez, a quien ha mencionado más que a García Ortiz, de buscar el enfrentamiento, un “choque de trenes” y “llevar esta situación hasta las últimas consecuencias, como si todos fuéramos lo mismo, para crear dos bandos”. A su juicio, “es un paso más hacia el guerracivilismo”. Y le ha llamado a frenar: “Es un experto en apagar incendios con más gasolina, nosotros deseamos que pare esto de una vez”.
"Si tocas a Ayuso, vas p’alante”
Al momento de la comparecencia de Díaz Ayuso, Sánchez no ha reaccionado públicamente al fallo del Supremo. Lo hizo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en Moncloa, para expresar que “el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir que no lo comparte”. Bolaños, que volvió a defender la inocencia de García Ortiz pese a que “el Poder Judicial ha hablado“, pidió que ”la discrepancia no conlleve desconfianza en las instituciones”.
El también ministro Óscar López, oposición de Díaz Ayuso en Madrid, primero se “mordió la lengua” y horas más tarde optó por lo contrario, en la Cadena SER: “He sentido mucha desolación, hartazgo, descreencia. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, qué será lo siguiente, ¿liberar a alguien con todas las pruebas? Se refería López a González Amador, quien afrontará un juicio por fraude fiscal y falsedad documental.
“Para recochineo -continuó López-, se ha comprado el ático. Y encima pasa esto. A mí me parece muy grave, la verdad. (...) Es muy deprimente para los demócratas. Se ha tratado de desviar el foco de donde está el delito para montar una operación de victimización. (...) Yo esta mañana me he planteado que sin reglas del juego claras, no puede ser. El mensaje es claro: si tocas a Ayuso, como dice Miguel Ángel Rodríguez, vas p’alante”.
Además de la condena al fiscal general, esta semana la UCO ha hecho público un nuevo informe sobre Santos Cerdán, ya en libertad pero con un horizonte judicial más complejo. El exsecretario de Organización del PSOE y su “entorno familiar” se habrían beneficiado de pagos de Servinabar. El 75% de los ingresos procederían de Acciona. Además, Anticorrupción ha solicitado 24 años de cárcel para José Luis Ábalos. El 27 de noviembre, el juez revisará si debe ingresar en prisión.
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