El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles el cese de Manuel Molina como delegado territorial de Salud en Sevilla, después de que su nombre apareciera vinculado a los errores detectados en el programa de cribado de cáncer de mama del Hospital Virgen del Rocío, donde ejerció como gerente entre 2019 y principios de 2025. El Ejecutivo andaluz ha decidido sustituirle por Silvia Pozo, actual concejala del Ayuntamiento de Sevilla y responsable de Salud y del Distrito Macarena, quien abandona sus funciones municipales para incorporarse a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.
El relevo, que se produce apenas unas semanas después de la remodelación interna derivada de la dimisión de la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, fue confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por la portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, quien enmarcó esta decisión “dentro de la lógica de cambios” habituales tras la llegada de un nuevo consejero. España afirmó desconocer si Molina ocupará próximamente otro cargo dentro de la administración sanitaria.
La gestión de Molina bajo escrutinio
El nombre de Manuel Molina ha estado en el centro de la polémica desde que se destaparon los errores en las pruebas de cribado de cáncer de mama en el Hospital Virgen del Rocío, que afectaron a 2.317 mujeres, la gran mayoría (en torno al 90%) atendidas en este complejo hospitalario sevillano. El problema, que motivó una profunda revisión del sistema de control de calidad en las pruebas diagnósticas, se produjo durante el periodo en el que Molina dirigía el centro, lo que ha elevado la presión política y social sobre su continuidad en el cargo.
Durante los últimos meses, el caso ha derivado en una cascada de dimisiones y ceses. A finales de octubre, fueron destituidos tanto el jefe del Servicio de Radiología como la responsable de coordinación de la unidad de mama del Virgen del Rocío. Estas medidas llegaron tras la renuncia de la entonces consejera Rocío Hernández, quien dejó el cargo asumiendo “responsabilidad política” por las deficiencias detectadas en el control de los cribados.
La decisión de la Junta de cesar ahora a Molina supone, de facto, un nuevo paso en la renovación de los mandos sanitarios vinculados directa o indirectamente a la gestión de este caso, uno de los más delicados que ha afrontado el sistema público de salud andaluz en los últimos años.
Perfil de la nueva delegada
La sustituta de Molina, Silvia Pozo, es graduada en Enfermería y cuenta con varios másteres en Especialidad en Procesos Sanitarios, Dirección y Gestión Sanitaria, Gestión Sanitaria en Enfermedades Crónicas e Investigación en Género, Ciudadanía e Identidad. Su trayectoria combina la experiencia asistencial con la gestión institucional, especialmente en el ámbito de la atención primaria y comunitaria.
Además, Pozo formó parte de la primera reunión de contacto que el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, mantuvo con Amama, el colectivo que denunció públicamente los fallos en los programas de detección precoz de cáncer de mama. Su participación en ese encuentro se interpreta en el seno de la Consejería como una muestra de confianza por parte del nuevo titular de Sanidad, que ha optado por un perfil técnico y con conexión directa con el tejido asociativo y profesional de la capital andaluza.
El nombramiento de Pozo se produce en un contexto en el que la Junta trata de reforzar la estructura directiva de la Consejería tras las últimas semanas de turbulencias internas. Junto a su designación, el Consejo de Gobierno ha aprobado también los nombramientos de Silvia Maraver Ayala como secretaria general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial, y de Trinidad Rus Molina como directora general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, ambas a propuesta del nuevo consejero.
El Ejecutivo andaluz defiende que los recientes relevos en el ámbito sanitario no responden únicamente a los errores en los cribados, sino a una reestructuración más amplia para “reforzar la confianza” en la gestión del sistema público y mejorar los canales de supervisión interna. La crisis generada por los fallos en el diagnóstico precoz del cáncer de mama ha abierto un debate sobre los procedimientos de control de calidad, la trazabilidad de los informes radiológicos y la dotación de recursos humanos en los servicios de diagnóstico por imagen.
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