La lucha de Maricarmen continúa tras la suspensión temporal de su desahucio: “Tengo muy claro que a mí no me van a echar”

Maricarmen lo dice alto y claro: “No me voy, es que de esta casa yo no me voy a ir. Yo quiero y tenía pensando fallecer en esta casa, pero viene un fondo buitre, me compra la vivienda y me dice ‘No, tú te vas a la calle’. No, no me voy a la calle”. El desahucio de la mujer de 87 años, residente en el barrio de Ibiza, en el distrito madrileño de Retiro, estaba previsto para la mañana de este miércoles 29 de octubre.

Sin embargo, ayer fue suspendido temporalmente, gracias en gran medida a la movilización vecinal y de las organizaciones sociales que llevan luchando junto a ella durante años. Ahora, Maricarmen se encuentra “más alegre” y, de momento, esta suspensión le da “un poco de tranquilidad”. No obstante, destaca que no se ha producido de la manera en la que deseaban y que, por tanto, su lucha “tiene que volver a empezar”.

“Por lo menor tengo un margen de tiempo para ponerme otra vez a pensar en volver a coger las riendas, porque yo voy a seguir luchando”, explicaba esta mañana Maricarmen frente a los medios de comunicación y los vecinos que se han acercado a arroparla. Junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y su abogada Beatriz Duro, frente a la vivienda en la que lleva viviendo casi setenta años y de la que quieren desahuciarla, la mujer de 87 años ha agradecido la ayuda recibida y ha reiterado que este no es el final.

“Es un auténtico sinsentido”

Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, ha destacado que la notificación de la suspensión es “una buena noticia” porque la vecina “ha podido dormir hoy un poco más tranquila”, porque “se ha demostrado que la movilización social sirve” y porque este se convierte en ejemplo “para todas aquellas personas que se encuentren en una situación similar”. “Que sepan que no tienen que abandonar sus casas sin luchar, que hay todo un movimiento social que las puede acompañar. Somos muchas las que os apoyamos y peleamos para que haya unas leyes justas que garanticen el acceso a la vivienda”.

Según ha explicado la letrada, que lleva el caso de Maricarmen desde que comenzase su batalla judicial, la suspensión del desahucio se produce por un informe de los servicios sociales que certifica que la mujer de 87 años se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

La ley, en estos casos, prevé un periodo de hasta cuatro meses para que las administraciones públicas ofrezcan una alternativa habitacional al afectado. La solución para ellos no es que Maricarmen se traslade a una residencia o a un piso tutelado, sino que “se pueda quedar en su vivienda”. El plazo exacto para reactivar el procedimiento, sin embargo, se desconoce; ahora es el momento de realizar alegaciones y presentar un recurso, que “por supuesto que vamos a hacer y vamos a estudiar todas las vías posibles a nivel judicial”.

La abogada de Maricarmen explica que intentaron acogerse al Real Decreto-ley 11/2020, que permite suspender temporalmente los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el juzgado lo rechazó por tres motivos. En primer lugar, porque la norme protege los contratos de alquiler regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero el de Maricarmen, debido a que su padre firmó el alquiler en 1956, es un contrato de renta antigua (los anteriores a 1985). En segundo lugar, porque no se considera que la renta y los gastos de suministros superen el 35 % de sus ingresos: “Esto no es así, lo supera con creces y lo acreditaremos”, explica la abogada". En tercer lugar, el decreto-ley nació para proteger a las personas cuya economía había empeorado por la pandemia de COVID-19, pero Maricarmen “es pensionista y sus ingresos no se han visto variados por esta situación”. “Es decir, que tienes que ser pobre, pero no desde hace mucho, solo desde el 2020 que salió la ley, lo cual es un auténtico sinsentido”, critica Duro.

De esta manera, la abogada, Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas no solo destacan “la necesidad de legislar a favor y proteger el derecho a la vivienda”, sino de dejar de ofrecer simplemente “parches” que solo sirven para “paliar temporalmente situaciones de extrema vulnerabilidad”.

La historia de Maricarmen: un ejemplo de lo que ocurre “en toda España”

“Yo llevo en esta casa viviendo 69 años y tengo muy claro que a mí no me van a echar. No me van a echar porque tengo un derecho y voy a seguir luchando para que ese derecho me lo dejen. Mi casa no son solamente las paredes, mi casa es mi vida. Yo vine aquí a vivir con mis padres, mis padres se han muerto en esta casa y yo no me voy a ir”.

La historia de Maricarmen no es única. Desde el Sindicato de Inquilinas denuncian que el caso de la vecina de Retiro es “un síntoma, un ejemplo de lo que está pasando y lo que nos pasa a millones de personas, ya no solo en Madrid, sino en toda España, pero especialmente en nuestra región. Tenemos una ciudad que está hecha para echarnos”.

Señalan como principal culpable la especulación y el rentismo: “Vivimos con ese miedo y esa incertidumbre de qué será de nuestra vida simplemente por el hecho de que tenemos un caso y de que muchas veces ese casero es una empresa para la que somos un número, somos una rentabilidad, esa cosa que paga la hipoteca sola”, ha destacado Valeria Racu, portavoz del Sindicato, en la rueda de prensa de esta mañana. “La hipoteca no se paga sola, la pagamos nosotros con nuestra vida, nuestra salud, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero”.

Maricarmen ha mandado un mensaje de resistencia a Urbagestión, la empresa que compró su vivienda en 2020 y que le exige un alquiler de 1.650 euros mensuales —como “favor” ya que aseguran que los apartamentos del inmueble se sitúan ahora alrededor de los 2.650 euros—, pese a que cuenta con una pensión de 1.450 y hasta ahora pagada 440 (lo que supone un incremento de un 275 %). “Cuando recibí una carta diciéndome estos señores el precio del alquiler, me sentí humillada”.

También para los políticos y las instituciones públicas, para que se modifiquen las leyes con el objetivo de que los contratos sean indefinidos y que se realice una expropiación a todos los fondos buitre: “A los especuladores hay que echarlos porque ya no solamente es que se apropian de nuestras viviendas, es que se están apropiando de nuestro país y lo que no debemos dejar es que se pierda”.

Pero especialmente para la ciudadanía: “Pido a todo el mundo que esté en mi misma situación que, por favor, no se acobarden, que salgan a la calle, que nadie nos puede echar. Tenemos unos derechos que tenemos que defender”. Ella, según destacan desde el Sindicato de Inquilinas, es el ejemplo de una situación que se repite en todos los rincones de España: “Las leyes injustas hay que desobedecerlas, eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que Maricarmen nos ha enseñado en estos cinco años. Vamos a resistir, vamos a defender nuestras ciudades, pero encima vamos a ganar derechos nuevos”.