Juana Rivas y su hijo mayor de edad tendrán que declarar como testigos en Italia por los presuntos malos tratos de la expareja

El juzgado italiano decidió no designar a un tutor especial para la representación del menor

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Juana Rivas y su hijo
Juana Rivas y su hijo mayor de edad tendrán que testificar (Europa Press)

La Justicia italiana ha citado como testigos a Juana Rivas y a su hijo mayor de edad. El próximo 26 de febrero tendrán que acudir a declarar sobre las denuncias de malos tratos interpuestas contra Francesco Arcuri, tras la decisión del Tribunal Penal de Cagliari. Rivas también tiene cuentas pendientes, pues tendrá que hacer frente a sus cargos en Granada el próximo 30 de octubre.

La mujer de Maracena está siendo investigada por presunta sustracción de menores tras la estancia del hijo menor con ella en España entre Navidad y finales de julio. Según recoge Europa Press, el juzgado italiano decidió no designar a un tutor especial para la representación del menor en el procedimiento para evitar “un verdadero conflicto de intereses”.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha acordado este martes aplazar hasta el viernes la entrega del hijo menor de edad de Juana Rivas, la madre de Maracena que fue condenada a dos años y medio después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos vástagos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia y tenía previsto reunirse en el punto de encuentro familiar del centro de la capital granadina (Fuente: Europa Press).

Juicios pendientes por el caso Juana Rivas

El proceso penal en Italia contra Arcuri se reanudó este 23 de octubre tras un aplazamiento provocado por cuestiones procesales planteadas en septiembre. El Tribunal Penal de Cagliari ha establecido un calendario de testimonios, que comienza en febrero con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor y continuará en marzo con otros testigos.

En la audiencia de este jueves se abordó, a petición de la defensa de Arcuri, si el menor debía contar con un administrador especial en lugar de ser representado por su madre, aunque no se tomó ninguna medida restrictiva sobre la custodia actual. El juicio por maltrato puede prolongarse durante un largo periodo de tiempo en Italia.

En paralelo, mientras la Fiscalía italiana ya ha procesado formalmente a Arcuri por los presuntos malos tratos, se mantiene abierta otra causa en España en la que Rivas debe declarar el 30 de octubre en Granada, investigada por presunta sustracción de menores tras la estancia prolongada del hijo menor en España.

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por Juana Rivas contra la orden de entrega de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, que fue dictada por la Corte de Apelación de la ciudad de Cagliari (Italia) en el proceso por el que se ha resuelto mantener al menor bajo la custodia de éste (Fuente: Agencia EFE).

Situación actual

En enero, una decisión judicial en Granada suspendió de manera temporal el regreso del hijo menor de Juana Rivas a Italia al finalizar las vacaciones navideñas. Esta medida se tomó después de que el niño expusiera ante la autoridad que había experimentado supuestos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre, y manifestara expresamente su temor de volver a residir con él. El retorno finalmente se concretó el 25 de julio, tras haberse intentado días antes sin éxito en un punto de encuentro familiar.

La Audiencia de Granada, en una resolución emitida en marzo, respaldó la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 tomada un mes antes, por la que el expediente del hijo menor se remitió a la jurisdicción penal de Cagliari (Italia) para avanzar en la investigación de las denuncias de malos tratos formuladas por el menor contra su padre.

Respecto a Juana Rivas, en abril de 2021 el Tribunal Supremo ratificó su condena por sustracción de menores relacionada con los hechos de 2017, pero redujo la pena inicial de cinco años a dos años y medio de prisión por considerar que existió un único delito. Posteriormente, un indulto parcial del Gobierno rebajó aún más la condena y sustituyó la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por trabajos en beneficio de la comunidad.