Cientos de multas de velocidad podrían ser anuladas después de que un vecino se diera cuenta de un fallo en el envío postal de las notificaciones

La ausencia de matasellos en las cartas enviadas por bpost impide demostrar que las multas fueron notificadas dentro del plazo legal de catorce días

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Un radar de la Guardia
Un radar de la Guardia Civil de Tráfico (Europa Press)

Los tribunales de policía belgas se preparan para una oleada de impugnaciones de multas por exceso de velocidad a raíz de una anomalía aparentemente menor pero con importantes efectos legales. La ausencia de un matasellos con fecha y lugar en los sobres enviados por bpost —la empresa encargada del envío de los avisos de infracción— está provocando una serie de absoluciones en diferentes jurisdicciones del país.

Los primeros fallos favorables a los conductores se han registrado en las ciudades de Huy, Wavre, Namur, Mons y Lieja. En todos los casos, los jueces han concluido que, sin el sello postal que acredite la fecha de envío, el Ministerio Público no puede demostrar que los avisos fueron remitidos dentro del plazo legal de catorce días tras la infracción. Este plazo es crucial, ya que determina la validez del procedimiento sancionador y la presunción de que el titular del vehículo era quien conducía en el momento de la falta.

Hasta hace poco, el matasellos postal servía como prueba irrefutable de envío, respaldado por el principio jurídico de que “el sello de correos da fe”. Sin embargo, la modernización del sistema postal ha sustituido esa estampilla por un código de barras, un identificador que, pese a su apariencia tecnológica, no ofrece información accesible ni verificable sobre la fecha y el lugar de expedición.

El caso que destapó la falla

La grieta en el sistema fue descubierta por un ciudadano de Oupaye, jurista de formación, que decidió analizar minuciosamente el procedimiento seguido tras ser sancionado por una infracción menor. Su abogada, Me Isabelle Péchard, especialista en responsabilidad civil y derecho de la circulación, detectó el vacío probatorio que ahora amenaza con invalidar centenares de multas.

Varios coches pasan junto a
Varios coches pasan junto a una señal de radar de tramo, en la calle Sinesio Delgado, a 27 de diciembre de 2023, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

El 18 de abril de 2023, su cliente fue captado por un radar de tramo en la autopista E42, a la altura de Villers-le-Bouillet, circulando a 123 km/h donde el límite era de 120. El 3 de mayo, más de catorce días después del hecho, recibió el aviso de infracción acompañado de una invitación al pago de 63,10 euros. El retraso no solo incumplía el plazo legal, sino que dificultaba determinar quién conducía el vehículo, compartido por varios miembros de la familia.

El conductor presentó su contestación al día siguiente. Sin embargo, el Ministerio Público rechazó la impugnación sin justificación y la multa fue incrementándose hasta alcanzar los 118,02 euros. Condenado inicialmente por el tribunal de Huy, el afectado recurrió y fue finalmente absuelto en apelación.

La decisión judicial subraya que los procesos verbales solo tienen validez si se acredita su envío dentro del plazo previsto. En este caso, el sobre aportado por la defensa llevaba un sello “Prior” pero carecía de matasellos. El código de barras presente en la correspondencia no permitía verificar ni la fecha ni el lugar de envío.

Durante la vista de apelación, el tribunal solicitó al Ministerio Público que obtuviera información de la policía sobre los datos asociados al código de barras. La respuesta fue negativa: no existía forma de vincularlo a una fecha concreta. Ante esa imposibilidad, los jueces concluyeron que el envío no podía considerarse probado dentro del plazo legal.

El sistema digital, única excepción

Según explicó la abogada Péchard, el procedimiento habitual tras la detección de una infracción es completamente automatizado. Los datos captados por los radares se envían a una plataforma central, que genera los expedientes y los remite a bpost. La empresa postal imprime las notificaciones, las franquea con un sello “Prior” y las envía al destinatario. Pero en ningún momento se registra de forma visible la fecha de envío.

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

Este vacío deja la puerta abierta a que cualquier ciudadano que reciba su notificación más allá del plazo de dos semanas pueda recurrirla con posibilidades de éxito, ya que la carga de la prueba recae en el Ministerio Público.

Solo existe una excepción a esta situación: quienes han activado su buzón digital oficial, conocido como eBox. En estos casos, las notificaciones se envían electrónicamente, con una fecha y hora certificadas, lo que elimina cualquier duda sobre el momento de recepción. Los usuarios de eBox, por tanto, no pueden alegar la falta de prueba de envío.