Las personas que busquen información sobre los programas públicos de vivienda, rehabilitación, alquiler, o sobre cómo acceder a una vivienda social contarán dentro de poco con un nuevo canal de consulta. Este miércoles, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado desde el Congreso que el Gobierno pondrá en marcha un número de teléfono gratuito de consulta para facilitar el acceso a los datos oficiales disponibles, y evitar así la propagación de bulos o información errónea.
El número elegido es el 047, que hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, el que reconoce el derecho a una vivienda digna. Según las palabras de Rodríguez, “hemos realizado ya esta petición formal al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para la asignación de ese número 047 y la propuesta será elevada para su aprobación en el Consejo de Ministros”. La ministra ha defendido la necesidad de crear este canal estatal que recoja todas las consultas ciudadanas, tratándose de un ámbito en el que existe una elevada dispersión competencial.
En la actualidad, tanto las competencias en materia de vivienda como los recursos que ofrecen los diferentes organismos generan confusión sobre “si hay que acudir a un registro autonómico, a un registro local o dónde demandar una vivienda pública”, ha señalado la ministra. Por ello, el objetivo es “dar transparencia” y evitar que “la ausencia de información o la información interesada perjudique a la ciudadanía”.
“El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos”, ha resumido Rodríguez durante su intervención.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda suma más de 300 propuestas
Esta comparecencia también ha servido para repasar las líneas principales sobre el futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que está aún en fase de elaboración tras cerrarse el plazo de participación ciudadana el pasado 7 de octubre. El Ministerio ha recibido 362 aportaciones, que han permitido introducir novedades en el proyecto normativo. Entre las propuestas destacan el mantenimiento de oficinas de rehabilitación y la puesta en marcha de un sistema de gobernanza y auditoría reforzada, que integrará a administraciones públicas, organizaciones sociales, el tercer sector, sindicatos, empresarios y representantes de la sociedad civil.
Esta nueva hoja de ruta, según las declaraciones de Rodríguez, responde al “cambio de paradigma” que supondrá el Plan, el primero diseñado bajo el marco jurídico de la Ley de Vivienda. “Este plan nace de ese cambio de paradigma de poder mostrar con transparencia dónde destinamos los recursos públicos, tener un mando único y un cuadro de mandos para ver la evolución de la sociedad civil”, ha explicado la ministra, quien insiste en que su departamento dejará de actuar únicamente como “caja pagadora” de políticas definidas por las comunidades autónomas.
El Gobierno apuesta por una intervención más directa del Estado con el fin de atender lo que, según sus propias fuentes, constituye “la principal preocupación de la ciudadanía”. “Los datos nos indican que los instrumentos que estamos utilizando como este plan estatal o la empresa pública o el esfuerzo inversor van en la buena dirección, siendo conscientes que es necesario seguir avanzando, seguir dando pasos para atender a la principal preocupación de la ciudadanía”, trasladó Rodríguez ante los diputados.
Lealtad institucional y necesidad de vivienda asequible
Durante su intervención, ha subrayado la importancia de la “lealtad institucional” y del papel de la colaboración público-privada para incrementar el parque de vivienda pública en España. La ministra ha insistido en que “no hay solución única, no hay varita mágica”, y destaca que es imprescindible que el sector público incremente su capacidad de actuación para evitar que la actual crisis habitacional se repita en el futuro.
“El Gobierno defiende un modelo donde la disposición de suelo no se utilice como barra libre sin promover vivienda social, vivienda pública, vivienda asequible”, ha advertido la ministra. A juicio del Ministerio de Vivienda, la falta de controles en el pasado “derivó en la especulación más salvaje y en un rescate bancario con el drama de los desahucios de cientos de miles de familias en este país”. Rodríguez ha concluido diciendo que ese modelo “está fracasado y no la vamos a reeditar”.
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