La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado ante los medios de comunicación que la región es una “democracia liberal” y que “no se va a perseguir ni a señalar a nadie" por la práctica del aborto. Matute respondía así ante la pregunta de los periodistas sobre cómo responderá a la exigencia del Gobierno de implantar el registro de objetores de conciencia al aborto, una medida que exige la legislación actual.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad publicó un protocolo para guiar a las comunidades autónomas que todavía no habían desarrollado este registro, pero nueve meses después todavía hay cuatro regiones que no han avanzado en este trámite. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a los presidentes de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid en la que les daba tres meses para crearlo, antes de poner en marcha mecanismos legales.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento madrileño de Navalcarnero, la consejera ha remarcado que la Comunidad de Madrid no va “a perseguir ni a señalar a nadie” por realizar o no interrupciones voluntarias al embarazo y ha subrayado que en la región no se le ha negado el aborto “a ninguna mujer”. Ante las consultas de Infobae España sobre si Madrid creará o no este registro, fuentes de la Consejería se han remitido a estas mismas declaraciones, que Matute ha definido como una respuesta “clara y concisa” en su intervención.
Fátima Matute ya había mostrado previamente su oposición a esta exigencia marcada por la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante un encuentro informativo con la prensa, la consejera afirmó que se trata de una lista “inútil” que “lo único que sirve es para señalar”. Para la consejera, se trata de un registro “punitivo”, aunque afirmó que ya está abierto y que la comunidad cumpliría la ley. Las declaraciones de este miércoles van en línea con las realizadas por Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que la comunidad “se tomará su tiempo” para decidir sobre el requerimiento de Sánchez.
En 2024, Madrid realizó un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo, pero solo 86 de ellas se realizaron en centros públicos. El registro de objetores de conciencia busca prevenir el bloqueo de estas intervenciones en la sanidad pública, que actualmente se hace cargo de un 20% de los procedimientos.
Mónica García: “No sé qué tienen en contra de las mujeres”
Preguntada por los periodistas, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que la creación del registro de objetores se votó “de forma unánime” en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 8CISNS) y que, por tanto, contó con el apoyo de la Comunidad de Madrid. La ministra ha defendido que “el registro de objetores no es para perseguir objetores”, sino “para garantizar que los no objetores puedan ejercer esa no objeción” y puedan ejercerlo en la sanidad pública.
García ha apuntado que la Comunidad de Madrid “no cumple dos elementos” exigidos por la ley de salud sexual y reproductiva: ni el registro de objetores “ni un porcentaje mínimamente decente” de abortos en la sanidad pública, que actualmente representan el 0,47% del total. ”No sé si lo que nos está haciendo es una declaración de incumplimiento de la ley, ante lo cual pondremos todas las herramientas que estén en nuestra mano para que no sea así“, ha asegurado la ministra, que se pregunta ”qué tienen en contra de las mujeres” en la Comunidad de Madrid.
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