De matrona a abogada en defensa de los derechos de los sanitarios: “La primera en incumplir la prevención de riesgos es la administración pública”

A inicios de la década de 2010, Fany Barreto creía estar viviendo un sueño: volvía de formarse como matrona en Inglaterra y había conseguido un puesto en un hospital del Servicio Canario de Salud, siguiendo una larga tradición familiar. La alegría, sin embargo, no duró mucho: “Tuve un choque por cómo se trataba a las mujeres en el paritorio”, admite en una entrevista con Infobae España. La constante violencia obstétrica que presenciaba, unida a una brutal sobrecarga laboral, hicieron que Barreto desarrollara un síndrome del trabajador quemado (burnout), que le valió la incapacidad permanente en 2016.

“Había una sobrecarga laboral bestial, muchos partos para muy poquitas matronas”, dice, una consecuencia del cierre de las escuelas de formación de matronas hasta 1994. A ello se sumaba el dolor que veía cada día en el hospital. “Yo me formé en un sistema que respetaba mucho la decisión de la mujer, intentaba el parto natural y la menor intervención posible por parte de los profesionales. Y cuando llego aquí, veo totalmente lo contrario: llegaban a un hospital con un sistema muy patriarcal donde las mujeres no deciden, donde se les pone en una cama con las piernas abiertas y hacia arriba; todo el mundo entra y le hace tacto vaginal. No había ningún respeto a la decisión de ellas”, describe. “Yo quería ser matrona desde que era muy pequeñita y todos los días lo que veía era dolor”, lamenta.

Barreto no se quedó quieta y aprovechó la oportunidad para reinventar su vida. A los 39 años, se matriculó en el grado de Derecho a distancia y ahora ejerce como abogada laboralista, defendiendo a aquellos sanitarios que ahora pasan por lo mismo que ella sufrió.

Una batalla por el reconocimiento del ‘burnout’

Los primeros años fueron difíciles. “Me acuerdo de ponerme a estudiar y tener las manos todas húmedas, de la ansiedad que tenía, de la dificultad para concentrarme”, explica. “Sentía mucho vértigo, a veces se me olvidaban las cosas por el nivel de estrés”, añade. El tiempo fue pasando y, ya lejos de los factores estresantes, fue mejorando. “Tenía una nueva ilusión por hacer algo”, dice.

Barreto logró graduarse y ejerce desde hace tres años. Su bagaje sanitario y su nueva formación le han permitido lograr sentencias pioneras para los trabajadores públicos en materia de prevención de riesgos laborales, como el reconocimiento del síndrome de burnout como accidente laboral, algo que en su propio caso no se consiguió. “En aquel momento [2016], nadie sabía lo que era el síndrome del trabajador quemado”, dice. Ella reclamaba entonces una adaptación de su puesto de trabajo o un traslado, pero nada era admitido por la administración. “Perdí todo, exceptuando la incapacidad permanente”, dice.

Lo cierto es que lograr el reconocimiento de burnout como accidente es complicado. “No es algo que ocurre de forma manifiesta, de forma súbita. Es un síndrome de desgaste profesional, con una exposición prolongada al estrés. Aunque [los jueces] lo metan ahí, lo cierto es que no está bien encajado”, explica. Al ser un síndrome, debería estar considerado como enfermedad profesional, algo que la OMS defiende, pero para ello “tiene que llevarse una reforma legislativa, incluirla dentro de las enfermedades profesionales”. Además, los requisitos para lograr este reconocimiento son “muy exigentes, con lo cual son pocas las personas que tienen el perfil para solicitarlo”.

La batalla judicial, advierte, puede alargarse años, y en muchas ocasiones los trabajadores no tienen las fuerzas para ello. “La gente viene agotada y quieren un camino fácil, que lamentablemente es el camino de la incapacidad permanente”, dice la letrada. Aun así, las victorias se dan: recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido como accidente laboral el síndrome de burnout de una médica de familia de Arguineguín, cliente de Barreto.

“Hace falta una cultura preventiva”

La falta de recursos y las duras condiciones laborales hacen mella en los trabajadores del sector de la salud. Tras la pandemia, el desgaste de estos profesionales no deja de crecer y se calcula que más del 25% del personal médico español está “quemado”.

Para Barreto, el problema está en “la falta de conciencia que hay en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. “Antes, se miraba mucho el accidente por trabajo físico, con medidas preventivas para que no te caigas del andamio. Pero, ahora, uno de los grandes problemas es el ritmo de trabajo, la precariedad de las condiciones”, explica la letrada. El debate debe centrarse en los riesgos psicosociales, ya reconocidos en la actual legislación, pero “la mayoría de las empresas lo incumple, y la primera es la administración pública”.

“La inspección de trabajo tiene abandonados los riesgos psicosociales, no hace requerimientos a las empresas privadas para que lo cumplan. Y en la administración pública no tiene nada que hacer, porque no puede sancionar, con lo cual son los máximos incumplidores y lo hacen de forma sistemática y deliberada”, afirma.

Pero el cuidado de los trabajadores y la prevención de estos riesgos psicosociales terminaría por ser beneficiosa para el sistema, defiende la abogada. “Cada vez hay más gente de baja médica y, sumado a los pocos recursos de salud mental que tienen, eso te lleva a una incapacidad permanente que sale de las arcas públicas”, dice. Barreto pide a la administración y a los poderes legislativos que “se pongan las pilas” para reconocer el burnout como enfermedad profesional. “Hace falta una cultura preventiva”, concluye.