La Comisión Europea ha iniciado este miércoles la primera revisión del reglamento de subvenciones extranjeras, ideado para vigilar el acceso a las contrataciones públicas de empresas chinas dentro del bloque comunitario.
La normativa, impulsada el pasado 2023 por el entonces comisario de Comercio Interior, Thierry Breton, trata de igualar las condiciones de competencia entre empresas europeas y empresas extranjeras y habilita a la Comisión para vetar compras si detecta ayudas públicas extranjeras.
Y es que Bruselas señala que determinadas compañías de terceros países reciben demasiadas ayudas públicas para que las empresas de la UE puedan competir de tú a tú a la hora de optar a contratos públicos de la UE. En este sentido, apuntan el caso de China, pues el régimen de Xi Jinping ha sido señalado por las autoridades comunitarias por realizar subvenciones ilegales para potenciar ciertos sectores como el automóvil eléctrico.
Sin ir más lejos, la tecnológica Huawei, que recientemente logró un contrato de 12,3 millones de euros a Huawei con el Gobierno de España, está siendo investigada por la Comisión ante las sospechas de haber recibido ayudas gubernamentales ilegales por parte de Pekín, vulnerando así las reglas europeas de competencia. En reacción a ese contrato, altos funcionarios de la Unión Europea y de Estados Unidos han manifestado su preocupación por la seguridad de los datos que se alojarán en los servidores OceanStor de Huawei. Y su máximo competidor, la china ZTE, también está en el radar de Bruselas.
La relación entre Bruselas y Pekín continúa sumida en la desconfianza mutua. Como respuesta a las barreras que enfrentan las empresas europeas en el mercado chino, el pasado 20 de junio, la Comisión Europea decidió restringir el acceso de los proveedores chinos a las licitaciones públicas de productos sanitarios. Concretamente, vetó aquellas compras que superasen los cinco millones euros. Además, las empresas que logren los contratos públicos no podrán haber obtenido más del 50% de sus dispositivos en China.
El primer informe en 2026
Según avanzó la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, el primer informe de revisión se presentará en julio de 2026, tres años después de que empiece a aplicarse el Reglamento sobre subvenciones extranjeras. “Será una oportunidad para hacer balance de la aplicación y el cumplimiento del Reglamento hasta la fecha y de prever posibles mejoras”, afirmó.
El comisario de estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, afirmó que “la contratación pública representa aproximadamente el 15% del producto nacional bruto de la UE”. “Dada la magnitud de esta cifra, los europeos esperan que el proceso de selección sea equitativo y no esté distorsionado por subvenciones de terceros países”, añadió el dirigente francés.
Según explica Bruselas, el informe se basará primero en una consulta pública para conocer la opinión de todas las partes interesadas, desde empresas hasta bufetes de abogados, Estados miembros, asociaciones comerciales, particulares o investigadores.
Después se realizará una convocatoria de datos para recabar observaciones más generales de todas las partes interesadas acerca de los principales objetivos del informe de revisión del RSE, su ámbito de aplicación y su contexto.
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