El gasto en intereses de la deuda pública de las comunidades autónomas se perfila como una parte cada vez más relevante de los presupuestos regionales en España para los próximos años. Las estimaciones para el periodo 2025-2028 señalan un incremento sustancial en este componente financiero, a consecuencia tanto del alto volumen de deuda acumulado como del cambio en la política monetaria europea. En 2022, las autonomías dedicaron 3.608 millones de euros al pago de intereses, cifra que alcanzó los 7.452 millones de euros en 2024, mientras que las proyecciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) muestran que para 2028 el gasto en intereses rondará los 11.789 millones de euros, un valor que más que triplica el registrado al inicio del periodo analizado.
Este incremento responde principalmente al entorno de tipos de interés elevados tras la etapa de política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo (BCE), en la que elevó los tipos de interés de las operaciones principales de financiación hasta un máximo del 4,5% entre octubre de 2023 y mayo de 2024, lejos del escenario anterior de tipos al 0%, vigente durante ocho años hasta 2022. Esta nueva normalidad en los mercados provoca que los costes financieros de la deuda pública autonómica aumenten de forma sistémica, intensificando su impacto sobre los presupuestos de las administraciones regionales.
Cataluña registrará los intereses más altos
Según los datos ofrecidos por Fedea en su última nota de prensa, el volumen absoluto de deuda pública de las comunidades autónomas aumentará notoriamente. Si se cumplen las expectativas del organismo, Cataluña lideraría el ranking de comunidades que se enfrentan a pagos más altos, siempre que no se de una condoncación antes de 2028, y asumiría 2.822 millones de euros por este concepto, mientras que la Comunidad Valenciana registraría un gasto de 1.926 millones de euros. A estas comunidades les seguirían Madrid y Andalucía, con pagos de 1.585 millones y 1.357 millones, respectivamente.
Desde una perspectiva relativa, la ratio de deuda sobre PIB autonómico bajará del 23,9% al 19,1% entre 2022 y 2028, debido al crecimiento previsto del PIB nominal superior al 4% anual. No obstante, el tipo medio de la deuda autonómica subirá del 1,1% en 2022 hasta el 3,2% en 2028, lo que implica una presión financiera estructural para las arcas públicas.
Implicaciones en la política económica
Este análisis sirve como una advertencia para el diseño de la próxima política económica regional. Si bien las proyecciones parten de supuestos conservadores de déficit moderados y crecimiento económico sostenido, el escenario más probable para 2028 implica triplicar la carga de intereses respecto a 2022. Esto supone una reasignación de recursos: un mayor porcentaje de los presupuestos autonómicos se destinará al pago de intereses, reduciendo el margen disponible para financiar nuevas políticas sociales, educativas o sanitarias.
En vista de estas perspectivas de crecimiento del gasto en intereses, Fedea invita a las comunidades a extremar la prudencia en sus decisiones fiscales, limitando las políticas expansivas de gasto y las reducciones no justificadas de impuestos. La necesidad de una estrategia fiscal creíble y sostenida a medio plazo aparece como un elemento central para evitar daños estructurales a las finanzas públicas regionales. Desde Fedea se subraya la importancia de avanzar en la consolidación fiscal y la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad en el tiempo del sistema de financiación autonómica.
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