La Comisión Europea ha realizado este viernes el quinto pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a España, por un total de 23.100 millones de euros. Esta transferencia forma parte del plan NextGenerationEU y sitúa los fondos totales abonados a España en 71.000 millones de euros, que es el 44% de su asignación general.
El desembolso, que mezcla préstamos y subvenciones, busca fortalecer el crecimiento económico y la resiliencia tras la crisis causada por la pandemia. El transporte, la energía o la justicia son algunos de los sectores que busca potenciar este nuevo ingreso por parte de la Comisión Europea.
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En esta ocasión, también se han visto beneficiados Italia, Portugal, Chipre y Malta, que en conjunto han recibido 42.800 millones de euros en esta ronda. Las cantidades están condicionadas al cumplimiento de los objetivos comprometidos. Según el comunicado oficial, el desembolso a España se ha dado gracias a que ha cumplido con 82 de las 84 reformas pactadas con Bruselas.
Transporte, red eléctrica o apoyo a las pymes
Uno de los principales destinos de este dinero son una serie de proyectos de energías renovables. También se busca la modernización de infraestructuras y transporte, uno de los ámbitos donde España está invirtiendo más fondos públicos, alcanzando en 2024, con Óscar Puente en el ministerio, la cifra más alta desde hace 13 años. El paquete de ayudas incluye financiación para trenes de corta distancia.
Otro de los objetivos es la reducción de la burocracia, buscando facilitar trámites legales y oficiales mediante la digitalización, y mejorar la eficiencia de la justicia. También se menciona en el comunicado oficial la intención de mejorar la red eléctrica, planteando la posibilidad de la creación de un Consejo de Finanzas Sostenibles, mediante la colaboración público-privada.
El refuerzo de la ciberseguridad para ciudadanos y pequeñas empresas o los incentivos dirigidos a empresas innovadoras serán más beneficios. Un total de 139 millones de euros del pago estaban vinculados al avance en la digitalización de pymes, objetivo que permanecía pendiente desde la cuarta solicitud de fondos y que ahora se ha impulsado.
Retenciones y plazos para nuevas reformas
No todo el desembolso solicitado ha sido aprobado en esta ronda. La Comisión Europea ha suspendido 500 millones de euros por el incumplimiento de dos objetivos. Uno de ellos es la reforma fiscal, y el otro consiste en la digitalización de entidades regionales y locales. El Gobierno dispone de un semestre para cumplir plenamente con estos compromisos y poder así acceder a los fondos retenidos.
Además, Bruselas ha deducido 627 millones de euros que España ya había recibido en una solicitud anterior. Esta cifra corresponde a una reversión relacionada con la reforma sobre el empleo temporal en la función pública, una meta que la Comisión no considera alcanzada. Para liberar estos fondos, España deberá implementar medidas adicionales y demostrar avances en el plazo de seis meses.
En total, el plan español cuenta con una asignación máxima de 163.000 millones de euros de la UE, repartidos entre subvenciones directas y préstamos, condicionados todos al cumplimiento de los compromisos de reformar la economía y potenciar la inversión en modernización y sostenibilidad.
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