La decisión de la Comunidad de Madrid de retirar de manera “unilateral e irrevocable” a dos profesoras y un profesor del Consejo Escolar del Estado ha provocado una oleada de indignación entre sindicatos, familias y estudiantes.
La medida, confirmada el pasado 29 de julio, supone la pérdida del 50% del equipo técnico docente del máximo órgano de participación educativa en España. Así, las organizaciones denunciantes acusan al Gobierno de Ayuso de perpetrar un “ataque premeditado” contra la comunidad educativa para defender un modelo basado en la calidad, equidad y valores democráticos.
Golpe al órgano que coordina la participación educativa
El Consejo Escolar del estado, creado en 1985, tiene entre sus funciones la elaboración de informes preceptivos sobre las normas educativas que se aprueban en el Parlamento y el Ministerio de Educación.
Está integrado por un centenar de representantes de profesorado, alumnado, familias, patronales, municipios, universidades y consejos escolares autonómicos, además de personalidades de reconocido prestigio.
En los últimos años, el Consejo ha emitido entre 20 y 35 dictámenes anuales, incluyendo temas como el currículo de la FP de Instalaciones de Telecomunicaciones o la implantación de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores.
La retirada de la mitad de su equipo técnico amenaza con paralizar la producción de estos informes, esenciales para la tramitación de nuevas normas, ya que las tres personas afectadas eran consideradas “claves en el desarrollo de los trabajos” del Consejo, explicó su presidenta, Encarna Cuenca, durante la Comisión Permanente.
Algunas de ellas llevaba más de diez años en el cargo, lo que multiplica el impacto de su salida, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
La excusa oficial: falta de profesores
El argumento esgrimido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se centra en el déficit de profesorado en especialidades como Matemáticas, Informática y Física y Química, consideradas de déficit cobertura al inicio del curso.
“Los docentes afectados pertenecen a especialidades que están entre las que tienen mayores dificultades de cobertura al comienzo del curso”, declaró un portavoz del departamento.
La Consejería sostiene que el Consejo Escolar podría “elegir a docentes de otras especialidades con menos dificultades de cobertura”, y que a estos se les concederá la comisión de servicio.
Sin embargo, sindicatos, familias y estudiantes consideran que la justificación esgrimida es insostenible. “La razón, endeble se mire por donde se mire, con la que la Comunidad de Madrid justifica esta actuación, es que tiene déficit de profesorado en un importante número de especialidades docentes y que lo va a solucionar con la incorporación de dos profesoras y un profesor”, denuncian en su comunicado.
Además, recuerdan que la red educativa pública madrileña cuenta con 60.000 docentes, por lo que reincorporación de tres supone apenas el 0,01% de la plantilla, un porcentaje irrelevante para solventar un problema estructural.
“Ataque a la participación democrática”
“Supone atacar a toda la comunidad educativa y a su capacidad de defensa de un modelo educativo basado en la calidad, la equidad, la inclusividad, la coeducación, el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos”, afirman las organizaciones.
Por ello, sindicatos, familias y estudiantes exigen a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que “se replantee esta decisión y se ponga del lado del Consejo Escolar del Estado y de la comunidad educativa”.
Asimismo, advierten: “No dejaremos de denunciar y actuar con todas las herramientas a nuestra disposición contra cualquier actuación que conlleve el socavamiento de la participación democrática en todos los ámbitos del Estado”.
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